Pedro Castillo no asistirá de forma presencial a audiencia que busca anular su vacancia

El Poder Judicial desestimó la solicitud presentada por Pedro Castillo Terrones para asistir de forma presencial a la audiencia programada para este martes 4 de junio a las 9:00 a.m., en el marco del proceso de apelación de la acción de amparo que interpuso contra el Congreso de la República. El exmandatario busca que se declare la nulidad de la resolución legislativa que aprobó su vacancia por incapacidad moral permanente en diciembre de 2022, al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales y el debido proceso.

"Poder Judicial desestima pedido de Pedro Castillo Terrones para asistir mañana de manera presencial a audiencia de apelación de acción de amparo contra el Congreso de la República", se lee en la publicación de X.

Cabe recordar que este recurso ya fue rechazado en primera instancia en 2023 por la Tercera Sala Constitucional de Lima, la cual determinó que la decisión adoptada por el Congreso estuvo debidamente sustentada y se enmarcó en las competencias parlamentarias.

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Ahora, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, presidida por el magistrado Víctor Calderón Puertas, será la encargada de revisar en segunda instancia la apelación presentada por la defensa del exmandatario.

Presentan pedido ante la Corte IDH para liberar a Pedro Castillo

La defensa del expresidente Pedro Castillo presentó un nuevo recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y solicitó la anulación de la prisión preventiva que actualmente cumple en el penal de Barbadillo.

El documento, elaborado por el abogado Carlos Alberto Manuel Perea Pasquel, plantea que Castillo pueda afrontar el proceso judicial en libertad, bajo vigilancia electrónica. Según el escrito, el exmandatario es considerado un “preso político” y se denuncia que hubo interferencias externas que afectaron la imparcialidad del proceso en su contra.

En declaraciones a La República, Perea Pasquel explicó que la solicitud fue presentada como una “petición” dentro del sistema de la Corte Interamericana, apoyada en fundamentos jurídicos y antecedentes que demostrarían la naturaleza política de la detención de Castillo.

El abogado afirmó que, desde su arresto, alrededor de 30 defensores han intentado sin éxito obtener medidas como detención domiciliaria o el levantamiento adecuado de su fuero. Asimismo, cuestionó la calificación del delito de rebelión, señalando que no existe evidencia concreta de uso de armas, lo que, según él, impide que se configure legalmente ese delito.