Hija de víctima: "Mi madre dijo que no estaba de acuerdo con la esterilización"

Marisela Monzón Ramos tenía 10 años cuando su madre, Celia Ramos, murió en julio de 1997, tras haber sido sometida a una ligadura de trompas en la posta del caserío La Legua, en el distrito piurano de Catacaos. Sus otras dos hermanas, Emilia y Marcia quedaron con 8 y 5 años, respectivamente.

“Mamá significaba una parte muy importante para la estabilidad de la familia. Mi madre era una mujer de 34 años, madre de tres hijas. Era activa, sana, dedicada enteramente a su familia. Era el pilar de esta familia extensa, el apoyo de sus hermanos. Veía la manera de generar oportunidades. Era una mujer fuerte, podía hacerlo todo…”, contó con la voz entrecortada en la audiencia realizada el jueves 22 de mayo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Guatemala.

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El caso de Celia es el primero de esterilizaciones forzadas que ha llegado al tribunal supranacional, cuyo fallo es importante por ser de cumplimiento obligatorio y vinculante en otras denuncias de mujeres que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas.

Marisel recordó que varias veces llegaron a su casa para convencer a su madre a someterse a una intervención quirúrgica que ella no deseaba. “Escuché que dijo que no quiero hacer lo que están diciendo en la campaña para que esterilicen. Pero llegaban insistentemente a mi casa y en varias oportunidades ella dijo que no estaba”, rememoró. La buscaron más de cinco veces.

Detalló que un día antes de someterse a la operación la escuchó hablar con una amiga, contando que en la posta le aseguraron que todo sería rápido pues era “como irse a sacar una muela y regresa”. Pero no volvió. Ese mismo día la llevaron de emergencia a una clínica porque se complicó la intervención. Murió 19 días después.

“Nos afectó mucho… Fue un golpe muy duro para mi abuelita. Tuvo que estar sedada… Mi familia entera se desmoronó”, refirió.

Responsabilidad de Perú

El relator para Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Stuardo Ralón, presentó el informe sobre las esterilizaciones forzadas cometidas en el gobierno de Alberto de Fujimori a campesinas y mujeres pobres, una de cuyas víctimas es Celia Ramos. Indicó que la CIDH concluyó que el Estado peruano es responsable por violación del derecho a la vida, integridad personal, consentimiento libre e informado y discriminación.

Detalló que la posta médica donde se esterilizó no contando con los recursos médicos necesarios para realizar de manera segura dicho acto médica, lo que provocó que no se pudiera atender adecuadamente, y falleció. “La Comisión determinó que esto constituyó violencia contra la mujer”.

El Estado peruano presentó sus alegatos, negando su responsabilidad y la falta de medicamentos, tras lo cual la jueza Verónica Gómez solicitó una serie de documentos, entre los que están la historia clínica de Celia Cruz, incluyendo el consentimiento así como las actas de las visitas que le hicieron para convencerla de someterse a la ligadura de trompas.

Ley anti-ONG entrará en vigencia al reglamentarse

Durante la audiencia, también se tocó el tema de la Ley APCI o también conocida como anti-ONG. Los representantes de las víctimas señalaron ante la Corte IDH que la Ley APCI no es un hecho aislado, sino parte de una política contra los defensores de derechos humanos para que estos crímenes queden impunes.

Esperan que el Estado cumpla con lo ordenado por la Corte y no sancione a Demus por participar en esta audiencia y defender a las víctimas en el fuero interno.

El argumento de los funcionarios del Estado enviados fue que esa norma no está vigente, pese a que ya fue promulgada por el Ejecutivo, por lo que en este momento no hay ninguna amenaza a las organizaciones que defienden a víctimas de violaciones a derechos humanos.

Dijeron que el plazo para la reglamentación es de 90 días, y recién ha pasado un mes, aunque aclaró que reafirmarán su posición si se presenta una demanda en fuero interno.

Se comprometieron a no tomar represalias a Demus, que representa a los familiares de Celia Ramos, aunque dijeron que la Agencia Peruana (APCI) tiene su propia agenda para fiscalizar las ong.