Pedro Castillo busca la Corte Interamericana de Derechos Humanos para anular prisión y juicio por golpe de Estado

Ante los constantes rechazos por parte de la justicia peruana, la defensa de Pedro Castillo tendría un nuevo as bajo la manga: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante la más reciente conferencia de prensa ofrecida por los abogados del expresidente, Javier Adrianzén, uno de los letrados presentes, aseguró al diario La República que la presentación de un recurso ante la CIDH podría concretarse pronto: “Yo creo que podría suceder en un promedio de tres meses”, señaló.

Según explicó Adrianzén, el objetivo de acudir a la CIDH es lograr la anulación del juicio oral que se viene desarrollando contra el exmandatario, acusado del delito de rebelión tras intentar cerrar el Congreso de la República en 2022. El abogado sostuvo que el proceso presenta serias irregularidades, en particular por la presunta parcialidad de la jueza Norma Carbajal. El principal argumento de la defensa radica en la existencia de trece sentencias firmadas por la magistrada en contra de Castillo antes de asumir como jueza del caso, lo que evidenciaría un adelanto de opinión.

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“El pedido sería que se recomiende al Estado peruano realizar un nuevo juicio, con nuevos jueces. Primero hay que anular el juicio actual, en el que no debe participar la magistrada Norma Carbajal, ya que existen trece sentencias previas firmadas por ella contra Pedro Castillo, y aun así es la directora del debate en el juicio oral. Eso es lo primero. (…) Queremos un nuevo juicio sin la participación de la jueza Norma Beatriz Carbajal Chávez, que se ordene la libertad de Pedro Castillo y que se le indemnice económicamente por la privación de su libertad, ordenada por el Poder Judicial”, indicó Adrianzén.

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El abogado agregó que, en caso reciban una respuesta favorable por parte de la corte internacional, corresponderá al Estado peruano acatar las recomendaciones emitidas por dicho organismo. Por el momento, la defensa espera agotar todos los procesos judiciales nacionales: “Las recomendaciones de la CIDH deben ser asumidas por la justicia peruana, pero eso ya depende de las autoridades judiciales. (...) Nuestro principal argumento es que hubo trece sentencias firmadas por Norma Beatriz Carbajal Chávez en contra de Pedro Castillo. (...) Aún tenemos que esperar a que se emita la sentencia, que debe dictarse luego del juicio oral. Después recurriremos a la Corte Suprema en apelación. No acudiremos al Tribunal Constitucional porque se trata de un proceso penal; agotada la apelación, recién acudiremos a la justicia internacional”, finalizó.

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Congreso: presentan denuncia constitucional contra los magistrados del juicio contra Pedro Castillo

Una denuncia similar se gesta desde el Congreso de la República, los congresistas de la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo han impulsado una denuncia constitucional contra los jueces que integran el tribunal del juicio oral al expresidente Pedro Castillo, acusado de intentar un golpe de Estado en diciembre de 2022. Los magistrados señalados son José Antonio Neyra Flores, Salomón Guerrero López y Norma Beatriz Carbajal Chávez. En el documento dirigido al presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, los legisladores solicitan que los jueces sean inhabilitados para ejercer cargos públicos durante diez años.

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El fundamento de la denuncia, al igual que el que presentaría la defensa de Castillo ante la CIDH, se centra en la presunta falta de imparcialidad de la jueza suprema Carbajal Chávez, a quien se acusa de haber emitido una opinión anticipada sobre la culpabilidad del exmandatario en relación con el delito de rebelión. Además, se cuestiona que no se haya permitido a Castillo acreditarse formalmente durante la audiencia del 4 de abril. En el mismo escrito, se sostiene que las declaraciones del juez Neyra Flores durante la instalación del juicio oral el 4 de marzo de 2025 evidencian que solo dos magistrados estarían actuando conforme a derecho, lo que podría constituir una vulneración del debido proceso.

Cabe señalar que Pedro Castillo ha rechazado en múltiples ocasiones el juicio en su contra, negándose a proporcionar sus datos personales en las audiencias iniciales. En la sesión del 22 de abril reiteró su desacuerdo con el proceso y acusó directamente a la jueza Carbajal de transgredir la Constitución por haber adelantado opinión, advirtiendo además que presentaría una denuncia constitucional en su contra. La denuncia ante el Congreso fue suscrita por ocho parlamentarios, entre ellos Roberto Sánchez Palomino, Víctor Cutipa Ccama y Guillermo Bermejo. Mientras tanto, la Fiscalía continúa el proceso penal contra Castillo, solicitando una condena de 34 años de prisión, una inhabilitación por tres años y medio, y una reparación civil que supera los 64 millones de soles.