Poder Judicial ordena el inicio de juicio contra Pedro Castillo y exministros por golpe de Estado
Juez Juan Carlos Checkley ordenó enjuiciamiento por el golpe de Estado de Pedro Castillo que se dio el pasado el 7 de diciembre del 2022 contra el exmandatario, exministros y mandos policiales.
El Poder Judicial emitió el auto de enjuiciamiento por el golpe de Estado protagonizado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. El juez Juan Carlos Checkley Soria fue quien ordenó que el expresidente enfrentara juicio, en el que se evaluará el pedido de 34 años de prisión solicitado por la Fiscalía. La República tuvo acceso al auto de enjuiciamiento, en el que se detalla la acusación por rebelión contra el exmandatario.
Además de Pedro Castillo, la acusación también recae sobre los exministros Betssy Chávez, Willy Arturo Huerta, Robert Sánchez Palomino, Aníbal Torres y los mandos policiales Manuel Elías Lozada, Justo Jesús Venero y Eder Antonio Infanzón. Según el documento judicial, los mencionados compartirían, en distintos grados, responsabilidad en el intento de autogolpe perpetrado por Pedro Castillo.
Resolución de auto de enjuiciamiento contra Pedro Castillo por rebelión | Foto: La República
La situación de los exintegrantes del gabinete ministerial es diversa. Betssy Chávez, ex primera ministra durante el gobierno de Castillo, se encuentra en prisión preventiva, acusada de delitos de rebelión y conspiración relacionados con el intento de autogolpe, después de que el Poder Judicial desestimara la apelación de su defensa.
Por su parte, la culpabilidad del exministro Willy Huerta se determinó tras descubrirse que estuvo presente en el despacho presidencial cuando Pedro Castillo leyó el mensaje en el que anunciaba el cierre inconstitucional del Congreso y la reforma del sistema de justicia.
Sobre Aníbal Torres, el 12 de julio de este año, el Poder Judicial extendió por 18 meses más el impedimento de salida del país para el exministro, quien también está siendo investigado por el mismo delito.
Pedro Castillo: El intento de autogolpe a punto de cumplir dos años
El 7 de diciembre de 2022, el expresidente Pedro Castillo protagonizó un golpe de Estado al anunciar la disolución temporal del Congreso de la República, justo antes de la votación de la moción de vacancia en su contra. En su mensaje a la nación, Castillo declaró la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias.
En ese entonces, el exmandatario anunció su intención de convocar elecciones para un nuevo Congreso, con facultades constituyentes para redactar una nueva Constitución en un plazo no mayor a nueve meses. Hasta la instauración del nuevo Congreso, adelantó que el país se gobernaría mediante decretos ley.
Antes de dar el autogolpe, Castillo justificó su decisión de establecer un gobierno de excepción asegurando que respondía a un reclamo ciudadano a nivel nacional, con el objetivo de restablecer el Estado de derecho y la democracia en el país.
¿Qué antecedentes presentó el autogolpe de Pedro Castillo?
El autogolpe de Estado perpetrado por el presidente Pedro Castillo se dio en medio de un ambiente de amplia tensión política y constitucional en nuestro país. En ese momento, Castillo no contaba con la disposición constitucional para disolver el Congreso, ya que no se había producido la negativa a dos cuestiones de confianza, requisito establecido en nuestro ordenamiento constitucional.
Además, la cuestión de confianza presentada por su gobierno no fue siquiera admitida, dado que involucraba temas de exclusiva competencia legislativa, lo que fue confirmado por el Tribunal Constitucional en una sentencia posterior.
El contexto previo también mostró signos de conflicto. Semanas antes, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú habían establecido un comité de crisis para enfrentar posibles eventualidades, incluida la disolución del Congreso, y se había emitido un comunicado advirtiendo sobre las consecuencias penales por intentar alterar el orden público.
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En los días previos, también surgieron rumores sobre un posible autogolpe, especialmente tras la renuncia del entonces ministro de Defensa, Daniel Barragán, quien había sido presionado por Castillo para asegurar que las Fuerzas Armadas no interfirieran en un posible asalto al Congreso.
A pesar de las declaraciones públicas de Castillo, quien reafirmaba su compromiso con la democracia, las tensiones aumentaron con la presentación de la moción de vacancia por incapacidad moral permanente, agudizada por la difusión de audios comprometedores. El 7 de diciembre, con el Congreso a punto de debatir esta moción, Castillo tomó la decisión de disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones, un acto que fue rápidamente rechazado por la comunidad internacional y por los sectores de poder interno. La situación culminó en su destitución y detención, en lo que se conoció como un autogolpe fallido que desató una crisis política en el país.