Caso Colcabamba: Cámara de Diputados debatirá mañana la creación de una comisión investigadora
El diputado Héctor Guillén de Juntos por el Perú solicitó 180 días hábiles para investigar las decisiones de las fuerzas del orden en Huancavelica, tras un operativo militar en el que murieron cinco personas.
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La Cámara de Diputados debatirá mañana jueves, a las 10:00 a. m., la creación de una comisión investigadora impulsada por el diputado Héctor Guillén de la bancada de Juntos por el Perú para esclarecer la operación militar ocurrida el 25 de abril en Colcabamba, Huancavelica.
En aquel suceso, fallecieron el ciudadano colombiano Nilson Montenegro Valencia y los peruanos Wilder Romero Sevipaucar, Jaime Bendezú Paraguay, William Núñez Soto y Cristian Vilcatoma Águila.
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Aunque las fuerzas del orden justificaron el ataque bajo la sospecha de un transporte de droga, los peritajes realizados al vehículo descartaron la presencia de sustancias ilícitas.
La moción sostiene que la ley suprema del país obliga a proteger a los ciudadanos ante cualquier abuso de poder. "El artículo 1 de la Constitución Política del Perú establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad constituyen el fin supremo de la sociedad y del Estado [...] derechos que vinculan a todos los órganos del poder público y que deben ser objeto de especial protección cuando se encuentra comprometida la actuación de agentes del Estado", se lee.
Los parlamentarios que impulsaron la moción sostienen que existen interrogantes sobre la forma en que el personal del Estado ejecutó la operación. En relación con el desenlace del operativo en Huancavelica, la iniciativa indica que "el 25 de abril de 2026, en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica, se produjeron hechos de extrema gravedad en el contexto de una intervención en la que participaron efectivos pertenecientes a instituciones del Estado, cuyo resultado fue la muerte de cinco ciudadanos".
En ese sentido, la propuesta precisa que el Pleno busca establecer responsabilidades de carácter político y funcional, sin interferir con las diligencias del Ministerio Público o del Poder Judicial.
"La Comisión no estará destinada a declarar culpables o inocentes, revisar resoluciones judiciales, ordenar medidas coercitivas ni interferir en diligencias fiscales, sino a determinar cómo actuaron las instituciones del Estado, cuáles fueron las decisiones adoptadas [...] y qué eventuales responsabilidades políticas, administrativas o funcionales pudieran derivarse".
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