Juez Víctor Zúñiga tarda más de 200 días en resolver fallo que anuló incautación de bienes de UAP
Después que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ordenó al magistrado Víctor Zúñiga que sustentara las razones del embargo de 34 inmuebles de la universidad, la autoridad no se pronuncia sobre la devolución de los mismos.
El 11 de abril de 2023, fueron incautados 34 locales de la Universidad Alas Peruanas (UAP), medida ordenada por el juez Víctor Zúñiga Urday a solicitud del fiscal Wilson Salazar Reque. La medida se ejecutó fuera del plazo, cuando ya se encontraba vencido el mandato judicial.
Sin esperar el resultado de la apelación que interpuso la defensa del centro de estudios, las propiedades fueron entregadas por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), a diferentes entidades públicas, las que hoy ocupan los inmuebles sin que exista un mandato vigente, puesto que la medida cautelar de incautación ha sido declarada nula.
Además, el Juez incluyó en su mandato de incautación inmuebles que se encontraban en fideicomiso y que tienen la condición de inembargables.
El 8 de abril de este año, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló el fallo del juez Zúñiga, cuestionando la falta de fundamento para la incautación de los bienes de la universidad y porque se limitó a cortar y copiar el requerimiento del fiscal Wilson Salazar, como informó La República, por lo que el juez pudo haber incurrido en una inconducta funcional.
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La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ordenó al magistrado Víctor Züñiga que emita una nueva resolución sustentando la razón de por qué se debía incautar cada uno de los 34 locales de la UAP.
Zúñiga, quien está en la obligación de emitir una resolución que cumpla con lo ordenado por la Sala, trasladó el pedido al fiscal Wilson Salazar, quien fue el que hizo el requerimiento original.
NO HAY DECISIÓN FINAL
Fuentes judiciales informaron a este periódico que el fiscal Salazar se limitó a remitir al juez Víctor Zúñiga Urday el mismo requerimiento con el que pidió la incautación de los 34 inmuebles en octubre de 2022, sin precisar cada uno de los casos, como demandó la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional.
La defensa de la universidad ha señalado que el origen de los 34 bienes es lícito, y que la familia Ramírez, durante el periodo que tuvo bajo su control a la UAP, desfalcó a la institución en su propio beneficio, no del centro de estudios.
Por lo tanto, la incautación masiva afecta al patrimonio de la universidad y el derecho a la educación de miles de estudiantes. Así también lo entendió la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, por eso anuló la orden de incautación del juez Zúñiga.
La Sala de Apelaciones concluyó que el Zúñiga se limitó a copiar el pedido de incautación del fiscal WIlson Salazar Reque, sin verificar el sustento de la medida extrema.
Han transcurrido más de 200 días desde que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló la orden del juez Víctor Zúñiga, y este todavía no se pronuncia.
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LA MANO DEL GOBIERNO
Sin embargo, el embargo y enajenación de los inmuebles se realizó en el acto, procediéndose a la distribución de los bienes de la UAP en tiempo récord, sin que dicha medida aún quedara firme, ya que los recursos interpuestos por la casa de estudios
En lo que configura una intromisión política, el 11 de abril de 2023, en una conferencia de prensa, el entonces ministro de Justicia, José Tello Alfaro, en compañía del fiscal Wilson Salazar Reque, anunció que los inmuebles de la UAP pasarían a la jurisdicción del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
Algunos edificios y locales fueron entregados a unidades de la Policía Nacional y a oficinas de la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Procuraduría, por lo que ahora sus ocupantes se encuentran en la situación de precarios debido que no existe una resolución vigente pues la Sala declaró su nulidad, sin que exista hasta el momento un nuevo pronunciamiento del juez Víctor Urday.