Defensores públicos anuncian huelga nacional indefinida tras promulgación de Ley 32108 que los obliga a trabajar más de ocho horas
La Ley 32108 obliga a que los defensores públicos estén presentes durante los allanamientos, lo que ha generado molestias debido a que vienen trabajando fuera turno.
La Federación Nacional de Trabajadores de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia (FENATDEPU MINJUS) anunció que irán a huelga nacional indefinida a partir del 12 de noviembre de 2024. La decisión fue tomada durante la Asamblea Nacional Extraordinaria, realizada virtualmente este 3 de noviembre, en respuesta a la reciente imposición de una nueva jornada laboral por parte de la Secretaría General del Minjus tras la promulgación de la Ley 32108, medida que ha sido ampliamente criticada por los trabajadores como abusiva y unilateral.
La controversia comenzó tras la Resolución de Secretaría General N° 269-2024-JUS, que modificó el horario y la jornada laboral exclusivamente para el personal de la Defensa Pública, extendiendo sus horas de trabajo más allá de lo contratado y estableciendo turnos en horarios nocturnos sin consentimiento previo. Esta acción ha sido interpretada por los trabajadores como un claro abuso de autoridad y un caso de trabajo forzoso, tipificado como delito en el Código Penal.
Durante la asamblea, los secretarios generales y delegados de diversas bases sindicales expresaron su rechazo a los cambios impuestos. "Estamos enfrentando una violación flagrante de nuestros derechos laborales", afirmó Ronal Javier Romero Paredes, Secretario General Nacional. "No sólo se nos obliga a trabajar horas extras no remuneradas, sino que también se pone en riesgo nuestro bienestar y el de nuestras familias al tener que cumplir horarios irregulares", agregó.
La plataforma de lucha aprobada incluye la derogación de la mencionada resolución, el incremento de las remuneraciones y la renuncia inmediata de los funcionarios que promovieron las medidas cuestionadas. Los trabajadores demandan también el reconocimiento de sus horas de trabajo y compensaciones adecuadas por la carga laboral aumentada.
La huelga, que ha sido programada para comenzar de manera indefinida, busca presionar al Ministerio de Justicia para que revierta las decisiones y negocie soluciones que respeten los derechos laborales del personal de la Defensa Pública. Los líderes sindicales han hecho un llamado a la solidaridad de todos los trabajadores del sector y han anunciado que no volverán a sus puestos hasta que se realicen las correcciones necesarias.
Esta medida de fuerza es un claro indicativo del creciente descontento entre los trabajadores del sector público frente a reformas laborales percibidas como injustas y es una señal de que podrían seguir otras acciones similares en diferentes sectores si no se abordan las demandas de los empleados de manera justa y equitativa.
Esta es la modificación a la Ley 32108 por las que los defensores anunciaron huelga
El Congreso ha modificado la legislación sobre crimen organizado, estableciendo que la defensa pública será la encargada de asistir en los procesos de allanamiento en ausencia de una defensa privada. Con esta reforma, la normativa ahora permite realizar allanamientos sin la necesidad de que el investigado esté presente.
Este cambio normativo implica la anulación tácita de la legislación previa, ya que modifica tanto el concepto como el procedimiento de los allanamientos. Además, se elimina la suspensión del proceso en caso de ausencia de un abogado privado, lo cual facilita la ejecución de las diligencias y reduce el riesgo de que los acusados puedan evadir la acción de la justicia.
Esta huelga podría poner en riesgo los allanamientos, ya que los abogados de oficio participan en todo, por lo que un procesado podría frustrar una audiencia, si su abogado particular no se presenta a la audiencia. Por eso, para evitar este tipo de imprevistos, los jueces disponen que siempre participe un defensor público.
