Gobierno de Dina Boluarte oficializó modificación a la Ley 32108, pese a pedido de transportistas
En contra de los pedidos ciudadanos, la Ley 32108 se mantiene en la obligatoriedad de que los allanamientos sean con la presencia de un abogado, pero se establece que será de la defensa pública hasta que llegue el defensor del intervenido.
El Gobierno de Dina Boluarte oficializó las modificaciones a la Ley 32108, conocida como la ley contra el crimen organizado, a pesar de las exigencias de los gremios de transportistas que pedían su derogación. A pesar de la presión ciudadana, la normativa mantiene la obligatoriedad de que los allanamientos se realicen en presencia de un abogado. Sin embargo, la modificación establece que, en caso de ausencia del defensor del intervenido, será un abogado de la defensa pública quien lo represente hasta la llegada del defensor privado.
Asimismo, se establece que para que los delitos sean considerados crimen organizado deben ser penados con una pena privativa de la libertad igual o mayor a cinco años.
La definición de organización criminal queda como sigue: “Todo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa compuesto por tres o más personas con carácter permanente o por tiempo indefinido que, de manera concertada y coordinada, se reparten roles correlacionados entre sí, para la comisión de delitos de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos sancionados con pena privativa de la libertad igual o mayor a cinco años en su extremo mínimo, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro de orden material”. Votaron a favor 82 congresistas.
Modificación a la Ley 32108 publicada en El Peruano. Foto: El Peruano
Otra parte que ha sido modificada ha sido la especificación de cuáles son los tipos de delitos que engloba la ley.
"Para la comisión de delitos de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos sancionados con pena privativa de la libertad igual o mayor a cinco años en su extremo mínimo", especifica.
Especialistas cuestionan incoherencia de Perú Libre al legislar
En ese marco, tanto la Ley 32108 como su modificación han llevado los cuestionamientos hacia el partido Perú Libre, impulsor de la norma. Para esto La República recogió las opiniones del docente del doctorado de Gobierno y Políticas Públicas de la UNI, Carlos Fernández Fontenoy, y el profesor de Ciencia Política de la UNMSM, Alejandro Mejía, quienes resaltaron la "incoherencia" de la referida organización política.
Carlos Fernández resaltó la alianza de Perú Libre con los grupos de derecha con el único fin de promover leyes que los benefician. "El Partido de Perú Libre le está haciendo mucho daño a una izquierda de por sí golpeada luego del gobierno de Pedro Castillo. Las serias acusaciones de corrupción a su líder, Vladimir Cerrón, así como las investigaciones a "los dinámicos del centro", grupo mafioso del mismo partido, han propiciado que el grupo congresal encabezado por Waldemar Cerrón se unan a las otras bancadas de derecha que tienen también varios expedientes fiscales abiertos por corrupción, para tratar de dar leyes que impidan que sus dirigentes acaben tras las rejas. Lamentable actuación del partido del lapicito, que seguramente le pasará factura en las próximas elecciones", explicó.
Por su lado, Alejandro Mejía calificó de "supervivencia política" las acciones congresales del partido de Vladimir Cerrón. "En la situación actual y, en esta crisis de representación, muy pocos partidos persiguen el ideario por el cual postulan a los cargos públicos como, en este caso, al Congreso. Este hecho se ha enfatizado con la salida de Pedro Castillo y refleja un sentido de supervivencia política para respaldar estas medidas que responden a intereses particulares de personas que se encuentran en la cúpula partidaria", anotó.
Dina Boluarte evitó pronunciarse sobre la cuestionada ley 32108.
Ley 32108: ¿qué puntos fueron modificados en el texto sustitutorio?
En lo que respecta a la definición de organización criminal, esta sigue siendo considerada como una "estructura compleja compuesta por tres o más personas". El Pleno del Congreso aprobó reducir la pena privativa de libertad para delitos como extorsión, secuestro y sicariato, de 6 a 5 años, siempre que dichos actos se realicen con el fin de obtener un beneficio económico o material, ya sea directa o indirectamente. Cabe destacar que en el texto sustitutorio se eliminó la inclusión del delito de control de una economía o mercado ilegal.
En cuanto a los procedimientos durante allanamientos, el registro e incautación podrán llevarse a cabo con o sin la presencia del investigado. Sin embargo, será obligatoria la presencia de un abogado de la defensa pública desde el inicio de la ejecución de la medida, bajo la responsabilidad funcional de quienes la ejecuten.
