Gobierno de Dina Boluarte sigue defendiendo la Ley 32108 y responsabiliza a la Fiscalía sobre irregularidades en allanamientos

A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos defendió la implementación de la Ley 32108, pese a las críticas de diversos sectores sobre la tipificación actual sobre organización criminal y los cuestionamientos sobre el procedimiento de los allanamientos tras las disposiciones de la nueva norma.

"Es absolutamente falso afirmar que las diligencias de allanamiento son frustradas por la ausencia de defensores públicos. La Ley N.º 32108 no limita a la Fiscalía ni a la Policía Nacional del Perú (PNP) a ingresar a un lugar si no está el abogado o defensor público", se lee en la nota de prensa. Además, aseguran que se da un plazo razonable para que el abogado designado llegue, y en caso de no hacerlo, se asigna un defensor público.

Asimismo, dicho órgano del Gobierno responsabilizó al Ministerio Público sobre los procesos y exigieron que "haga una mejor coordinación de las diligencias". Pues la Fiscalía debe "definir con antelación cuántos defensores públicos participarán de manera efectiva en la ejecución de la medida, a fin de evitar descoordinaciones" con el número de defensores que requieran para los allanamientos.

Finalmente, el Ministerio de Justicia insistió que la Ley 32108 no entorpece el trabajo de las autoridades y que la defensa pública no favorece la criminalidad, sino que busca evitar nulidades futuras en los procesos judiciales. Sin embargo, este pronunciamiento se diferencia con las preocupaciones emitidas por diferentes colectivos y gremios de transportistas, quienes exigen su derogación y cuestionan la efectividad de la ley en la lucha contra el crimen organizado ante la crisis de seguridad ciudadana que afronta el país.

¿Cuáles son las críticas a la Ley 32108?

Las críticas a Ley 32108 son dos puntos específicos dentro de la norma. Diversas organizaciones han advertido que la ley favorece a las organizaciones criminales al modificar la definición de “organización criminal” y establecer nuevos requisitos para su tipificación. Con esta ley, planeada por el congresista Waldemar Cerrón, para que una agrupación sea considerada una organización criminal, debe tener una estructura compleja y buscar el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal. Dificultando la identificación y persecución de grupos delictivos, lo que podría aumentar la impunidad y agravar la ola de criminalidad en el país.

El otro punto en cuestión es el relacionado con el comunicado del Ministerio de Justicia. La Ley 32108 prohíbe la inmovilización de cuentas que contengan ingresos de pensiones o sueldos, y requiere pruebas suficientes para llevar a cabo allanamientos, los cuales deben realizarse siempre en presencia de un abogado. Estas restricciones, según especialistas, podrían obstaculizan el trabajo de la Fiscalía, que tiene más dificultades para obtener evidencia crucial en las investigaciones contra organizaciones criminales.