Decano del CAL alertó ante la Corte IDH sobre leyes del Congreso que favorecen a la corrupción y el crimen organizado

El jueves 3 de octubre, el Colegio de Abogados de Lima, mediante el comunicado 045-2024/CAL, manifestó haber organizado una reunión con la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de alertar sobre las irregularidades legislativas que, según afirman, favorecen la corrupción y el crimen organizado en el país. Dicha reunión, que comenzó a las 9.30 a. m., incluyó la presentación de información sobre proyectos de ley que amenazan la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial.

La reunión entre el decano del CAL, Dr. Raúl Canelo Rabanal, y los directivos del CIDH se llevó a cabo en San José de Costa Rica, donde manifestaron que el Ministerio Público y el Poder Judicial estarían bajo presión por propuestas legislativas del Congreso que buscan fiscalizar sus decisiones jurisdiccionales.

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Asimismo, el comunicado informó que el Dr. Raúl Canel mantuvo varias reuniones con comisionados de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de Naciones Unidas, quienes expresaron su interés en seguir de cerca la situación jurídica del país. Adicionalmente, manifestaron su preocupación por el incremento de la violencia y las leyes que podrían favorecer al crimen organizado.

CAL responsabiliza al Congreso por ley que permite el “incremento de actividades delictivas"

En ese marco, el Colegio de Abogados de Lima señaló que la reciente modificación de la ley contra el crimen organizado, realizada en junio pasado, ha contribuido al aumento de casos de extorsión y otros delitos. En su comunicado, destacaron que la aprobación de la Ley N° 32108, que redefine el crimen organizado, ha creado un entorno propicio para el crecimiento de bandas extorsionadoras y grupos criminales, lo que ha causado no solo pérdidas humanas irreparables, sino también graves afectaciones económicas a la sociedad. Además, responsabilizaron al Congreso por aprobar leyes que modifican el concepto de crimen organizado, lo que ha facilitado el incremento de actividades delictivas, particularmente en perjuicio de los transportistas.

Gobierno de Dina Boluarte presenta proyecto contra terrorismo urbano que afectaría la libre protesta

El Poder Ejecutivo incluyó una medida cuestionable en el proyecto de ley que busca tipificar el delito de terrorismo urbano, con el objetivo de castigar a quienes ejercen su derecho a protestar libremente.

"El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier índole, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años", se detalla en el proyecto de ley.

Con esta nueva medida, se prevé una pena de hasta quince años de prisión privativa para quienes realicen actos que obstaculicen el libre tránsito de las personas o interfieran en la prestación de servicios públicos. El Congreso evaluará estas acciones en el contexto de eventos recientes que afectaron al país, considerándolas como intentos de abuso.