El caso Cócteles llega a la fase estelar del juicio. El próximo 1 de julio, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, deberá asistir a la Corte para enfrentar la etapa central y más crítica del proceso judicial en su contra por presuntamente haber sido partícipe de lavado de activos de la empresa brasileña Odebrecht.
Según la acusación fiscal, Fujimori Higuchi recibió aportes irregulares a su campaña presidencial. Por esto, se le acusa de los presuntos delitos de organización criminal, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo
El caso Cócteles recibe su nombre debido a la forma en que se alega se recaudaron fondos para la campaña de Keiko Fujimori. Según las investigaciones, el partido Fuerza Popular, liderado por Fujimori, organizó eventos llamados "cócteles" que servían como fachada para recaudar dinero. Estos eventos, en teoría destinados a ser reuniones de financiamiento legítimo, habrían sido usados para ocultar contribuciones ilegales de dinero, incluidos supuestos aportes de la constructora Odebrecht. En estos "cócteles", se vendían entradas o tarjetas a precios elevados, que luego eran compradas por personas o empresas que querían apoyar al partido, algunas veces con dinero de origen cuestionable, lo cual generó las acusaciones de lavado de activos.
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Keiko Fujimori es investigada en el caso Cócteles principalmente por las acusaciones de lavado de activos. La investigación se centra en cómo se financió su campaña presidencial y el papel de su partido, Fuerza Popular, en la organización de eventos denominados "cócteles", que supuestamente fueron usados para ocultar donaciones ilegales, incluidas las que se afirma provenían de la empresa Odebrecht.
Las razones clave de la investigación son:
Estas acusaciones y la evidencia recopilada por los investigadores han llevado a múltiples detenciones y períodos de prisión preventiva para Fujimori, así como a un prolongado proceso legal que busca esclarecer estas complejas redes de corrupción y financiamiento político.
Por este caso, la lideresa de Fuerza Popular enfrenta una solicitud de condena de 30 años y 10 meses de prisión por los delitos de lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. Estas acusaciones están relacionadas con el supuesto manejo ilícito de fondos para financiar sus campañas electorales a través de los eventos conocidos como "cócteles", que la fiscalía argumenta que fueron usados para encubrir donaciones no declaradas, incluidas las provenientes de la constructora Odebrecht.