El Congreso de la República, en una decisión controvertida, ha rechazado el requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para suspender el debate del proyecto que propone impunidad para los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Este proyecto, impulsado por el fujimorista Fernando Rospigliosi, ha generado un intenso debate en el ámbito político y social, polarizando opiniones y causando preocupación en diversos sectores de la sociedad.
A través de un comunicado, el Parlamento cuestionó las observaciones del organismo internacional y reafirmó su intención de tramitar los proyectos de ley que considera convenientes.
Argumentan que, de acuerdo a la Constitución, el Perú es una república democrática, social, soberana e independiente, y que el Congreso, como primer poder del Estado, es independiente de las decisiones que toma.
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Es así que rechazan "cualquier forma de intromisión nacional o extranjera" en las decisiones o leyes que promulguen.
"El Congreso de la República, con total independencia y autonomía y en las oportunidades que lo crea conveniente, tramitará los proyecto de ley dictaminados por las comisiones correspondientes", culmina el pronunciamiento.
Cabe señalar que en el comunicado del Parlamento hay un error, ya que en él se hace referencia a la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Sin embargo, fue la Corte IDH, un organismo internacional diferente a la Comisión, la que emplazó a los congresistas a suspender el debate.
Comunicado del Congreso confunde la CIDH con la Corte IDH.
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La Corte IDH aprobó una resolución como respuesta a la solicitud de los representantes de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta para que se apliquen medidas provisionales ante el proyecto del Legislativo que busca la amnistía a crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
En el documento, la Corte le pide al Estado peruano suspender el debate y la aprobación de la Ley de Amnistía hasta conocer cómo impactará su aprobación en los casos ya mencionados.
Asimismo, invita a una audiencia para el próximo lunes 17 de junio, a los representantes del Estado y de las víctimas donde se verá la solicitud de medidas provisionales.
"Convocar al Estado del Perú, a los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y la Cantuta y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia pública virtual sobre la solicitud de medidas provisionales efectuada por los representantes, a celebrarse de manera virtual el lunes 17 de junio de 2024 de las 8:30 horas a las 10:00 horas, horario de Costa Rica, durante el 168 Periodo Ordinario de Sesiones de esta Corte", reza el segundo punto de la resolución.
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Mediante un comunicado del Ministerio Público, los Fiscales Especializados en Derechos Humanos, alertaron que de aprobarse la Ley de Amnistía, varios casos que contemplan delitos contra los derechos humanos, y que aún están en etapa de investigación preparatoria, pueden archivarse.
Esto atenta contra el derecho de las víctimas y sus familiares de conocer la verdad y garantiza impunidad a varios crímenes perpetrados por miembros del Estado contra civiles durante la época de la violencia política.
"De aplicarse dicha norma, una de las consecuencias jurídicas sería que un número importante de investigaciones y procesos judiciales, tendrían que ser archivados o concluidos, declarándose la prescripción de la acción penal en aproximadamente 600 casos. Entre ellos, los casos emblemáticos como Chuschi, El Frontón, Huanta 84, Barrios Altos y el Santa-Aldo Velásquez, Huancapi, Cantuta-Pativilca, Cedruyo, Cantuta-Aldo Vásquez, Madre Mía, Humaya Chambara, (...)", señala una parte del pronunciamiento