Con trece votos a favor, la Comisión de Descentralización del Congreso aprobó el proyecto de ley que reforma el directorio del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). La propuesta, presentada por la congresista Rossellli Amuruz, busca incluir a un representante del Congreso y otro del Poder Judicial en el directorio de esta entidad pública.
Leslie Urteaga, titular del Ministerio de Cultura informó que pedirán una reconsideración ante el Congreso. "Vamos a alcanzar una propuesta a ver si puede ser reconsiderado por el Gobierno de la República. Tenemos que observar detalladamente esa norma", indicó.
De la misma forma, el exdirector del IRTP, Joseph Dagher, criticó la ley. "Aquí el representante que nombra el Congreso o el PJ no debe tener siempre un caracter politico. ¿Necesitamos politizar aun más, como están las cosas, el canal del Estado?", expresó.
Asimismo, resaltó que el Congreso y el Poder Judicial ya cuentan con un canal, sin embargo, buscarían tener mayor presencia. Además, Dagher criticó que se busque interferir en la dirección del IRTP. "Piden que quien presida el Consejo Directivo sea del PCM, ya no del Ministerio de Cultura. La línea editorial ha cambiado notablemente en favor del actual Gobierno. El Ejecutivo es el que debe poder crearlos o reformarlos, no el Congreso. Hasta ahí, esta norma es ilegal", anotó.
Según la propuesta, el representante del Poder Legislativo sería designado por la presidencia del Congreso de la República. Por su parte, el representante del Poder Judicial sería por designación de su consejo ejecutivo. A estas personas, se sumarían al representante del Poder Ejecutivo que presidiría el directorio, y otros cuatro representantes del Ejecutivo designados por resolución suprema.
De acuerdo con los argumentos de la parlamentaria, el IRTP un órgano estatal que coopera con la política de Estado en educación y formación cultura, por ende, debería incluir a miembros de los tres poderes del Estado. De esta forma, pretende integrar la política comunicacional del Estado.
Esta iniciativa se suma a la propuesta que pretende controlar la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), mediante la elección de sus jefes desde la futura Cámara de Senadores que el Congreso espera implementar a partir de 2026.
Al respecto, ambas autoridades electorales, a través de seis puntos clave, destacaron que el poder político podría ejercer una intervención "gravitante" en la organización de las elecciones, supervisando procedimientos que estarían estrechamente relacionados con sus propios intereses partidarios. "La actuación de los organismos electorales es eminentemente técnica, por lo que es necesario garantizar su independencia y neutralidad. La afectación de estos principios no sólo repercute en la organización de los procesos electorales (…) sino también en el ejercicio de la democracia representativa", se lee en el comunicado.