El Congreso aprobó en primera votación el texto sustitutivo que modifica el Código Penal, la Ley del Crimen Organizado y el Procedimiento para Adoptar Medidas Excepcionales de Limitación de Derechos en Investigaciones Preliminares. Esta reforma tiene como objetivo precisar las características de las organizaciones criminales y ajustar el procedimiento de los allanamientos.
Para formalizar la modificación, la iniciativa debe ser ratificada en segunda votación dentro de siete días, contando con los votos que se han establecido. En caso de que esta acción se concrete, se cambiará la forma en la que las autoridades deberán investigar a las organizaciones criminales que podrían afectar las diligencias y posibles sanciones a los imputados.
En conversación con La República, el fiscal coordinador de fiscalías de crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, mostró su preocupación por la aprobación del proyecto de ley mencionado y señaló que estas acciones favorecen a los investigados vinculados a actos de corrupción. Además, ponen en riesgo las indagaciones que se llevan a cabo en el Ministerio Público y que son de carácter complejo.
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"La ley beneficia a los investigados por corrupción, ya que ya no podrán ser investigados bajo la modalidad de organización criminal. (…) La norma está diciendo algo 'grave', ya que se centra en que el delito tiene que tener una pena mayor a 6 años para que se configure como organización criminal. Por ejemplo, si un grupo de personas se dedica al tráfico de influencias, donde se establece que la pena es no menor a cuatro años, entonces esto ya no podría configurarse en ese delito. Lo mismo sucedería con las personas involucradas en cohecho, colusión y otros.
Advirtió que la Fiscalía podría perder casos importantes ante la posible modificación del código penal dado que no se podría investigar a los imputados por organización criminal en la modalidad de tráfico de influencias. Subrayó que este escenario podría reflejarse en el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.
Se tiene que tener mucho cuidado, ya que muchos casos de corrupción podrían caerse con esta norma, dado que ya no se puede establecer la figura de organización criminal por el tema de tráfico de influencias. Si la norma estuviera vigente, los integrantes de Los Cuellos Blancos no estarían en la cárcel, ya que a ellos se les atribuye tráfico de influencias.
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El Ministerio Público tiene casos emblemáticos que vinculan a personajes ligados a la política y que con la aprobación definitiva del Legislativo, los procesos podrían caerse por la nueva tipicidad que se pondría al delito de organización criminal.
Entre ellos, se encontraría el caso de Waykis en la Sombra, recientemente se conoció que según hipótesis de la Fiscalía, el hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte, lideraría una presunta organización criminal con el objetivo de reunir firmas y financiamiento para la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú a través de subprefectos de las regiones de Cajamarca y San Martin.
El caso de la destituida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, también podría verse beneficiado. Según las indagaciones que ha realizado el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), Benavides Vargas encabezó una red criminal en el interior del Ministerio Púbico con la finalidad de que las pesquisas en su contra no prosperen.
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Asimismo, la investigación de los ´Dinámicos del Centro´ que involucra a la presidenta Dina Boluarte. Las pesquisas de la Fiscalía señalan que la jefa de Estado se habría encargado de gestionar la contabilidad del dinero depositado en una cuenta bancaria abierta durante la campaña electoral del 2021 del partido político Perú Libre.
El Ministerio Público investiga cuál es el origen de los fondos de campaña, ya que sospechan que los montos podrían provenir de actividades presuntamente ilícitas. Según la investigación, en 2020, Dina Boluarte y Yuri Castro, excandidatos a la alcaldía de Lima por Perú Libre, abrieron una cuenta bancaria mancomunada en el Banco de Crédito del Perú. En esta cuenta recolectaron "aportes voluntarios" de militantes que, en realidad, se sospecha que provendrían de la red Los Dinámicos del Centro.
Casos que involucran a Patricia Benavides y Dina Boluarte podrían caerse tras una posible aprobación definitiva del Parlamento. Foto: difusión.
El exministro del Interior, Rubén Vargas, cuestionó la aprobación en primera votación del Legislativo de modificar la norma contra el crimen organizado y sostuvo que esta acción impedirá la lucha contra las organizaciones criminales, debilitando las investigaciones. Considero que estas iniciativas estarían dirigidas hacia las personas acusadas de cometer actos de corrupción.
“Hay varios aspectos que esta modificación lamentablemente se ha aprobado en primera votación perturban o impiden la lucha contra el crimen organizado. Debilita las investigaciones sobre los casos de corrupción en el poder. Precisamente a ellos se les esta extrayendo de las investigaciones desde el ángulo del crimen organizado. Pareciera que esta acción esta dirigida para salvar a las personas quienes son investigados por corrupción", indicó a Canal N.
Criticó que, de aprobarse la mencionada iniciativa, los abogados de los investigados deben ser notificados cuando el Ministerio Público realice allanamientos con la finalidad de encontrar pruebas en el marco de las pesquisas. Enfatizó que sería un contrasentido aplicar estas acciones, porque debilitan los procesos, y cuestionó que también se exonerara el hecho punible de extorsión, calificándolo como un 'contrasentido'."
"Ahora se pretende obligar a que participen los abogados de los investigados, y claro, para que el abogado participe tiene que ser notificado, lo cual es un absoluto absurdo y contrasentido. De esta manera, no se lucha contra el crimen organizado, sino que estaríamos ayudando a las estructuras criminales. Además, se está excluyendo de las investigaciones del ámbito organizado el delito de extorsión, lo cual es un absoluto contrasentido", sentenció.