Dina Boluarte quería que Patricia Benavides regrese a ser fiscal de la Nación, según H13

Patricia Benavides Vargas fue destituida como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación, por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esto perjudicaría a la presidenta Dina Boluarte, quien esperaba que Benavides sea repuesta en su cargo, según fuentes del semanario Hildebrandt en sus trece.

De acuerdo con lo indicado por el referido medio periodístico, la jefa de Estado tenía todo pensado. Boluarte quería que Benavides retorne como fiscal de la Nación para que anule las investigaciones que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, y la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), Marita Barreto, siguen en su contra.

La impunidad para la presidenta habría llegado desde la Fiscalía de la Nación; sin embargo, no fue así. La JNJ aprobó, de forma unánime, la propuesta presentada por María Zavala y ordenó la destitución de Patricia Benavides. Ante este nuevo escenario, la presidenta habría ideado una nueva estrategia, indicó H13; por ello, decidió accionar junto al Tribunal Constitucional.

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Dina Boluarte busca ir contra el Poder Judicial y la Fiscalía

El Ejecutivo presentará una demanda competencial contra el Poder Judicial y el Ministerio Público ante el Tribunal Constitucional, por lo que alega un supuesto 'menoscabo' a las funciones y competencias de la presidenta Dina Boluarte. La resolución se publicó en el diario oficial El Peruano.

Según el documento, el viernes 17 de mayo, tras sesión de Consejo de Ministros, se acordó que el titular de la PCM, Gustavo Adrianzén, sería el encargado de ejecutar la demanda. En ese sentido, se dispuso que el Procurador Público Especializado en Materia Constitucional sea quien represente al Ejecutivo ante el TC.

"Disponer que el Procurador Público Especializado en Materia Constitucional ejerza la representación procesal del Poder Ejecutivo en el proceso competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, por menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la Presidenta de la República, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución Ministerial", se lee en la Resolución Ministerial 151-2024-PCM, firmada por Gustavo Adrianzén.

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La decisión del Ejecutivo supuestamente respondería al allanamiento de la vivienda de la mandataria en Surquillo y en Palacio de Gobierno, ocurrida el pasado 30 de marzo, en el marco de la investigación que se le sigue por el caso Rolex, bajo el argumento de que la presidenta no puede ser allanada sin que se le levante el antejuicio.

Como se recuerda, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, fue quien autorizó el pedido del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, para los allanamientos a la mandataria.

Además, el coronel PNP Harvey Colchado, quien en ese entonces se desempeñaba como jefe de la Diviac, fue el que lideró los operativos; mientras que el grupo de fiscales estaba dirigido por el fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza.