Blindaje a partidos políticos
En cuestión. El Congreso aprobó una ley que libera de responsabilidad penal a los partidos y señala que solo habrá responsabilidad individual. La norma ha sido considerada como una clara protección a las agrupaciones que hoy afrontan investigación fiscal, como Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos y Renovación Popular. Aquí opiniones desde distintos sectores.
“Estos partidos configuran la destrucción de instituciones”
Jorge Jáuregui, especialista en Derecho Electoral
Es preocupante, pues implica una expresión de voluntad política de algunos actores que quieren evitar la acción de los órganos de justicia para investigar casos en que se puede haber usado las estructuras partidistas para cometer algún delito.
Aun cuando un Estado de derecho garantiza que los partidos políticos pueden actuar y estar libres de la injerencia del Estado, también es cierto que el régimen democrático debe ser protegido de quienes utilicen las instituciones de la democracia para socavar el régimen democrático.
La Constitución dice que los ciudadanos pueden ejercer su derecho en forma individual o a través de partidos. Esos partidos deben garantizar el financiamiento transparente y auditado, también el funcionamiento democrático. Pero este Parlamento, que ha desnaturalizado las elecciones primarias, que ha asaltado sistemáticamente los organismos electorales, que ha amedrentado al presidente del JNE y al jefe actual de la ONPE, que ha atacado la independencia de la JNJ, ahora completa esta lógica pretendiendo que los partidos políticos queden blindados.
PUEDES VER: Susel Paredes por rechazo de moción de vacancia a Dina Boluarte: Sus socios ya son vergonzantes
Yo tengo la impresión de que estos partidos, al menos tres que no pasaron a segunda vuelta y forman una coalición autoritaria, configuran una lógica de destrucción de las instituciones básicas de la democracia.
“Es una respuesta al abuso de la ‘organización criminal’”
Luis Benavente, director de Vox Populi
Entiendo que hay principios jurídicos que hablan de delito como responsabilidad individual, entonces estaría dentro de ese espíritu. Cualquier acto delictivo debe ser investigado y sancionado en términos individuales porque una organización tiene otro tipo de objetivos.
Creo que también se está abusando en la tipificación de organización criminal. La ley y las investigaciones fiscales deben ser implacables con el delito, especialmente con la corrupción, pero las responsabilidades hay que establecerlas en términos individuales.
Considero que los partidos tampoco pueden ser blindados. Ellos deben tener una supervisión permanente de los organismos constitucionales y también fácticos como la prensa, la opinión pública, colegios profesionales, sociedad civil porque están realizando una función pública, cuentan con presupuesto público que pagamos los contribuyentes. Pero no se debe considerar que organizaciones de cualquier tipo, políticas, empresariales, cooperativas, etc., sean declaradas como organización criminal.
Por otro lado, tiene que haber una forma de terminar con esta guerra política que hay en el Perú. Estamos en una guerra de poderes muy fuertes y de manera permanente, entonces, cuando el Congreso dice esto, es una respuesta, de alguna manera, a que se está determinando muchas organizaciones criminales y quieren proteger a los partidos políticos.
“Delitos pueden ser personales y colectivos”
Alberto Adrianzén, analista político
Yo creo que si los partidos participan en actividades delincuenciales deben ser entendidos como una organización delincuencial. Ahora, tiene que probarse de manera fehaciente que la actividad de algunos militantes configura una organización criminal.
Si hay un hecho que involucra al partido, yo no sé por qué tienen que legislar sobre algo que es obvio. Los delitos pueden ser personales, pero también pueden ser colectivos, no se requiere dar una ley para especificar eso.
Es una ley que quiere blindar a los partidos políticos. Pienso que los partidos no tienen por qué asegurarse que ninguno puede ser investigado, después sancionado y tipificado como organización criminal. Eso depende de los hechos, no depende de la ley. Lo han hecho para salvar a Fuerza Popular y otros más como Perú Libre que están sujetos a investigación.
Estos partidos lo que deben hacer es no opinar y no influir de esta manera tan abierta en una ley que tiene nombre propio.
PUEDES VER: Vacancia presidencial contra Dina Boluarte: así votaron las 8 bancadas que blindaron a la presidenta
“Son personas jurídicas, pasibles de persecución penal”
Martín Salas, exfiscal Anticorrupción
No se puede sacar de la persecución penal a una persona jurídica, y los partidos políticos son personas jurídicas.
Existe una ley específica de responsabilidad penal de las personas jurídicas, de manera que todos los delitos que se generen en el contexto de la actividad de una persona jurídica acarrea responsabilidad para la persona jurídica.
Bajo esta situación, si en el entorno de una persona jurídica se comete lavado de activos, cohecho, tráfico de influencias, la persona jurídica tiene que responder.
Lo que está buscando el Congreso es blindarse, y ya sabemos de quién es el interés: de los políticos cuyos partidos están cuestionados como presunta organización criminal.
Con esto están atentando contra la Constitución que permite las garantías de persecución criminal cuando estas se hayan materializado. Están yendo contra la Constitución, y también contra la propia legislación vigente que permite la persecución penal a las personas jurídicas, es decir, a los partidos políticos.
“FP legisla para librarse de denuncia”
Rocío Silva-Santisteban, excongresista
Obviamente, Fuerza Popular está involucrado en este tema, ellos son juez y parte y están legislando para sí mismos, para librarse de la denuncia fiscal que ya está en la puerta del horno y que se ha demorado tantos años. Por eso está elaborando esta salida por la puerta trasera.
Esto es parte de la desinstitucionalización del Estado que pretende cobijar este tipo de salidas legales para proteger a partidos vinculados con las mafias.
Todo apunta a controlar instituciones. Ya sacaron al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), van a sacar al del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ya se posicionaron en la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Están desarmando todo para organizar una institucionalidad estatal a conveniencia de Fuerza Popular, ya sea para lanzar a Alberto o a Keiko Fujimori en las próximas elecciones.
