Congresistas en conflicto por ley de impunidad para los partidos políticos
Congreso. Están vinculados a cuatro grupos políticos que enfrentan investigaciones o procesos por delitos de lavado de activos u organización criminal, y ahora pretenden sacar una ley para salvarlos de toda responsabilidad penal.
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Quince miembros del actual Parlamento no tuvieron reparos en votar a favor de un dictamen para excluir a los partidos de toda responsabilidad penal, sin tomar en cuenta el conflicto de intereses que enfrentan, toda vez que sus organizaciones políticas forman parte de carpetas fiscales o judiciales por presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir e incluso organización criminal.
El Poder Judicial confirmó el viernes último la incorporación del partido Renovación Popular en una carpeta fiscal de investigación preparatoria. Esta decisión trae nuevamente a la agenda pública las maniobras de un importante grupo de congresistas que buscan lanzar un salvavidas a sus organizaciones políticas y así evadir a la justicia.
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El accionar parlamentario en este caso ha puesto nuevamente en evidencia la alianza del fujicerronismo para fines subalternos. El proyecto fue presentado por Waldemar Cerrón, de Perú Libre, y el dictamen ha sido impulsado por la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano, de Fuerza Popular.
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La propuesta también ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Justicia, que dirige Perú Libre. Ahora solo falta la votación en el pleno, para que esta contrarreforma penal se convierta en ley.
La propuesta
El dictamen aprobado contempla la modificación del artículo 105 del Código Penal, para evitar que se apliquen sanciones como la inhabilitación y disolución de los partidos, cuando se ha verificado su participación en la comisión de delitos.
En anterior diálogo con esta redacción, el penalista Jorge Zúñiga explicó que si bien los partidos no son creados para la comisión de delitos, en el camino pueden ser instrumentalizados para determinados actos ilícitos como el lavado de activos, organización criminal, estafa o defraudación tributaria.
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Conflicto de intereses
El mayor respaldo en votos para este dictamen proviene del partido Fuerza Popular, cuya lideresa, Keiko Fujimori, enfrenta un proceso que ya está en etapa de acusación, por el presunto lavado de más de 17 millones de dólares. En este caso hay un pedido fiscal para la liquidación del partido, en caso de verificarse su participación delictiva.
En la Comisión de Constitución votaron a favor del dictamen cinco fujimoristas: Alejandro Aguinaga, Martha Moyano, Eduardo Castillo, Héctor Ventura y Patricia Juárez. Y Jorge Morante apoyó el dictamen en la Comisión de Justicia.
Lo propio hicieron los miembros de Perú Libre, partido que forma parte de la carpeta fiscal por el caso Los Dinámicos del Centro. En el grupo de Constitución apoyaron el dictamen Waldemar Cerrón y María Taipe. Y en Justicia hicieron lo mismo Américo Gonza, Flavio Cruz y Kelly Portalatino.
Renovación Popular forma parte de la investigación por lavado de activos en el caso OAS y Odebrecht, y Alejandro Muñante y Gladys Echaíz votaron por el dictamen en Constitución.
Podemos Perú también está en una carpeta fiscal que involucra a José Luna Gálvez. Desde esta bancada votaron por el dictamen José Elías (Constitución) y Heidy Juárez (Justicia).
