El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional aceptó el pedido de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato. De este modo, se pide que los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, entre otros exfuncionarios, paguen una reparación civil de US$181.843.150,29 al Estado peruano, por presuntos actos de corrupción cometidos en la licitación del proyecto Trasvase Olmos a la empresa brasilera Odebrecht.
Según la resolución judicial, de ser hallados responsables, los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski deberán pagar el monto de US$15.235.500 dólares por el delito de colusión agravada; mientras que por el delito de organización criminal deberán pagar US$8.126.000.
En el caso del expresidente Ollanta Humala, de ser responsable de los delitos de colusión agravada y organización criminal, deberá pagar US$17.903.068,86.
Otros funcionarios involucrados en la decisión judicial son Yehude Simón, quien fue presidente regional de Lambayeque y titular de la PCM en el segundo gobierno de Alan García. También se encuentran los exministros Alonso Segura y Luis Miguel Castilla.
Según la tesis del Ministerio Público, existió una organización criminal en el Gobierno central y en el de Lambayeque, que recibió coimas de la empresa brasilera Odebrecht para favorecer a la constructora con la adjudicación de megaproyectos. Uno de estos fue el megaproyecto de irrigación Trasvase Olmos.
Odebrecht obtuvo la concesión del proyecto el 22 de julio de 2004. Las personas que firmaron el acuerdo fueron Yehude Simon, presidente regional de Lambayeque, Jorge Henrique Simoes Barata y Juan Andrés Marsano Soto (los dos últimos como representantes de Odebrecht).
El expresidente Alan García también venía siendo investigado por los presuntos actos de corrupción durante su gobierno. Aunque siempre negó haber recibido coimas por parte de Odebrecht, el documento muestra uno de los testimonios que lo vincula al caso del ex secretario general de Palacio de Gobierno, Luis Nava Guibert.
La declaración, tomada el 26 de febrero de 2020, señala lo siguiente: “Alan García me contaba que Yehude Simon le decía constantemente a Alan García que iba a renunciar al cargo de premier. Alan García Pérez me manifestó que, para evitar su renuncia, le entregaría la cuota inicial para que adquiera una vivienda en Lima. Alan García Pérez me dijo que Yehude Simon era mal agradecido; no obstante, que le había entregado dinero en efectivo para ambos hechos manifestados”.
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Cabe señalar que el 18 de marzo de 2024 el Poder Judicial autorizó la revisión de los celulares incautados a Alan García el 17 de abril del 2019, cuando se quitó la vida durante el allanamiento a su vivienda en Miraflores.
Ante esta decisión, el abogado del fallecido expresidente, Erasmo Reyna, indicó que impugnarán la decisión judicial, pues no hay “razones de fondo ni elementos” que la justifiquen.
“No hay elementos o razones para que, después de cinco años, se proceda a acceder a sus comunicaciones, con base en documentos del 2019, porque no se hace mención a nada nuevo”, manifestó el abogado.