El Poder Judicial declaró fundado el requerimiento de levantamiento del secreto bancario de la congresista de Alianza para el Progreso (APP), Rosío Torres Salina, respecto a las investigaciones del caso Mochasueldos. Torres es sindicada del delito de concusión en agravio del Estado. La medida aplica también a su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra como presunto cómplice del delito.
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Por los fundamentos expuestos, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, resolvió:
Corte Suprema de Justicia de la Republica. Foto: captura de pantalla/Canal N
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La parlamentaria Rosio Torres fue sindicada de recortar el sueldo de 7 trabajadores de su despacho a través de su sobrino Juan Daniel Guerra.
Entre ellos destaca Cecilia Salazar Mattos, exasesora que, desde julio de 2021 hasta agosto de 2022, realizó 10 transferencias de más de 24.000 soles.
También se encuentra Jesús Sierra Tapia, quien fue asesor principal y transfirió un total de S/4.400 en junio del 2022.
De igual forma está Abigaíl García Díaz, exauxiliar de la SAC quien depositó hasta 2.000 soles. César Von Bancels fue fotógrafo y depositó hasta 1.000 soles mensuales.
Por último, Estefanía Calvo Zuñiga, quien denuncia de haber pagado la suma de 2.000 soles.
Rosio Torres Salinas (48) es cónyuge del exgobernador regional de Loreto Fernando Meléndez, acusado de otorgar ilegalmente derechos a la empresa Cacao del Perú Norte SAC, según consigna el portal Convoca. Dicha entidad está implicada en la deforestación masiva de 3.000 hectáreas de bosque amazónico, en tiempos donde la protección al medio ambiente es una necesidad mundial.
El 3 de setiembre de 2021, Meléndez fue acusado por la Fiscalía Especializada en Material Ambiental de Iquitos. Se le adjudicó, en el ejercicio de sus funciones, haber faltado a sus obligaciones.
Su presunta complicidad permitió que la empresa del árbol de cacao, próxima al investigado Grupo Melka, prosiga con sus actividades en el Fundo Tamshiyacu, pese a una medida de paralización dispuesta por el Ministerio de Agricultura. La Fiscalía pidió 4 años de pena privativa de libertad para Meléndez, a quien Torres Salinas calificó como un “súper asesor“.
La parlamentaria del partido del magnate de la “educación”, César Acuña, también es hija de un prófugo de la justicia. Su padre, Cirilo Torres Pinchi, fue acusado por apropiarse ilícitamente de más de 15 millones de soles cuando presidió la Dirección de Educación de Loreto (DREL), entre 1999 y 2000. Lleva más de 20 años desaparecido pese a estar condenado por delito contra la administración pública en modalidad de peculado.