Yavarí, un corredor de Loreto bajo asedio
Peligros. Periodistas de Epicentro TV sobrevolaron la zona de Yavarí, en Loreto, en la frontera de Perú y Brasil, donde la deforestación, el cultivo ilegal de coca y la tala indiscriminada acecha a los pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial, llamados PIACI, que son olvidados incluso por el Estado.
Por Daniel Yovera y Carlos Mauriola
En las dos márgenes del río Yavarí, ubicado en la frontera entre Perú y Brasil, hay un bosque amazónico profundo, históricamente habitado por antiguos pueblos que aún permanecen aislados. Debería ser una reserva indígena bajo protección, pero años atrás las autoridades de Loreto entregaron en concesión a privados varios lotes para explotación forestal, la mayoría otorgadas de manera ilegal.
Al sobrevolar la zona, acompañados de un líder indígena para conocer el estado de las concesiones, se pudo observar cientos de árboles talados y en su lugar plantaciones de hoja de coca. El narcotráfico está allí.
Pablo Chota, secretario general de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), no puede ocultar su asombro. “No, no esperábamos esto, esta inmensa deforestación, pensábamos que era poco”, dijo.
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Para las organizaciones indígenas este aún es un gran territorio continuo en donde habitan pueblos ancestrales que aún permanecen aislados tanto en la Amazonía peruana como en la brasileña. Pero para el Estado peruano, atrapado en el fango de su propia supervivencia y con un Congreso que acaba de cambiar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre para legalizar la deforestación de miles de hectáreas de bosques, parece ser solo un lugar lejano. Esta desidia lo está convirtiendo en un peligroso corredor de la droga y de la tala ilegal.
Zona tomada
El periodista especializado en temas ambientales Iván Brehaut muestra un mapa que ha elaborado recorriendo la selva peruana, en el que registra con puntos amarillos la zona deforestada de los últimos 20 años: están a lo largo de todo el río Amazonas, cerca de la triple frontera con Brasil y Colombia.
“Todas son zonas deforestadas para convertirlas en áreas de cultivo y lamentablemente muchas de ellas… no solamente droga. También, a la vez, lo que se observa es que hay un crecimiento cada vez mayor de cultivos ilícitos, estamos hablando de coca”, refiere.
En su mapa se observa que la deforestación se está expandiendo también a la boca de Yavarí. Ha alcanzado toda la zona fronteriza: el Putumayo, Bajo Amazonas, Bajo Yavarí y subiendo hacia el Medio y Alto Yavarí.
El investigador en temas de narcotráfico Jaime Antezana advierte de la presencia de organizaciones criminales extranjeras.
“De febrero o marzo del 2020 hacia delante esta área de Yavarí, del Bajo Amazonas, fue controlada por los llamados Sinaloas, que tomaron el Alto Putumayo, Puerto Leguízamo (Colombia) hacia el Bajo Putumayo y se expandieron hacia la zona de Yavarí”, señala.
Y según Brehaut también están Primero Comando Capital (PCC), que es uno de los grupos criminales más importantes de Brasil, así como el Comando Vermelho y varias otras facciones, como la Familia del Norte y Las crías, que están constantemente disputándose los territorios.
El líder indígena de ORPIO, Pablo Chota, ha recibido información sobre grandes extensiones de cocales en las zonas deforestadas, pero no pueden decir nada, porque los matan.
Crece. Tala indiscriminada afecta grandes extensiones del bosque. Foto: difusión
Pueblos no contactados
Esto está pasando en zonas que deberían ser intangibles reservadas para los pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial, llamados PIACI. Y el Estado no lo ve o no lo quiere ver.
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En el Perú, según el Ministerio de Cultura, hay 7.000 indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial que habitan en 20 pueblos, distribuidos en siete territorios indígenas ya reconocidos oficialmente por el Estado y otros siete solicitados que solicitan esa condición.
En Loreto se encuentran la reserva indígena más grande Yavarí-Trapiche reconocida en el 2021 tras 17 años de gestiones; Napo-Tigre reconocida este año; y Kakataibo.
Al tener las reservas del río Yavarí evidencias de la existencia de indígenas en aislamiento el Estado debía protegerlas, pues la Ley Forestal que entró en vigencia el 2015 prohibió cualquier actividad en esos territorios. Sin embargo, el gobierno Regional de Loreto entregó, después de ese año, grandes extensiones para explotación forestal a concesionarios privados.
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La directora de Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial del Ministerio de Cultura, María Trigoso, advierte que esas concesiones formalmente son consideradas como ilegales.
Federico Contreras Espinoza, abogado del equipo técnico de ORPIO, remarca que la propia Ley Forestal y de Fauna Silvestre establece que no solo merece protección por parte del Estado, la reserva indígena categorizada, sino también las solicitudes para crearla. Pero hacen caso omiso.
Poco interés
El Gobierno Regional de Loreto ha entregado 62 concesiones forestales en Yavarí-Mirín, pese a que ya se presentó la solicitud para convertirla en reserva. Un juez constitucional de Lima y otro juez civil de Loreto decidieron recientemente que 47 de las concesiones tienen que ser anuladas porque se otorgaron después de la prohibición de la ley forestal en el año 2015.
Sobrevolando cinco concesiones en Yavarí-Mirín, dos de ellas otorgadas después del 2015, se puede apreciar la notoria la deforestación.
Si bien la actual administración regional de Loreto no otorgó las concesiones, la agilidad con la que se hizo contrasta con la lentitud y hasta el desinterés por reconocer los territorios de los PIACI en Yavarí-Mirín.
El gerente de Desarrollo de Pueblos Originarios del Gobierno Regional de Loreto, Erwin Florett Díaz, dice que no están “contra de la creación de las reservas, sino contra la creación indiscriminada”.
El 2020 el Estado creó una comisión multisectorial para garantizar la protección de los PIACI. La integran 10 ministerios y la preside el Ministerio de Cultura; también participan siete organizaciones indígenas y los Gobiernos regionales y municipales con presencia de pueblos en aislamiento.
Sin embargo, si bien el sector negacionista de los pueblos en aislamiento es minoritario, es influyente. El Congreso, que no es parte de la comisión multisectorial, estuvo a punto de aprobar en junio del 2023 un proyecto del congresista fujimorista Jorge Morante, que debilitaba la Ley PIACI.
Las organizaciones indígenas califican a dicho legislador como una “caja de resonancia” de intereses empresariales.
El más reticente integrante del Ejecutivo en la comisión multisectorial es el Ministerio de Energía y Minas que casi nunca vota a favor de las reservas indígenas; y el más activo negacionista es el gobierno regional de Loreto.
Denuncia. Pablo Chota, líder de ORPIO. Foto: difusión
Precisamente, Erwin Florett, funcionario del Gobierno regional, afirma que no duda que haya zonas donde vive población en aislamiento, pero cuestiona que sindiquen lugares de los que nunca se tuvo conocimiento en Loreto.
Agrega que organismos de la sociedad civil le exigen definiciones prontas sobre la existencia o no de los pueblos en aislamiento. Y aunque evitó dar mayor información, admitió que tienen interés en los territorios de la selva virgen.
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Evidencias PIACI
Mientras en Loreto se niega la existencia de indígenas en aislamiento en Yavarí-Mirín, los estudios para convertirse en reserva ingresan a una etapa definitiva. En el año 2018, investigadores de ORPIO captaron dos fotografías en las que se observa una maloca o casa familiar de indígenas en aislamiento.
Además, hay imágenes del Ministerio de Cultura que muestran objetos hallados en los territorios por donde transitan los peruanos aún errantes.
Beatriz Huertas Castillo, antropóloga especialista en pueblos en aislamiento, explica que no es sencillo hallar evidencias porque “son poblaciones que no quieren ser encontradas, que se aíslan, que se esconden como una estrategia de protección, de sobrevivencia frente a enfermedades y las agresiones que han sufrido, con mayor énfasis en una época de invasión masiva de sus territorios (del caucho)”.
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El 2012 dirigió un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA), que visitó comunidades matsé en su búsqueda de evidencias de la existencia de pueblos en aislamiento en el valle del Yavarí. Con la ayuda de un traductor, entrevistaron testigos directos e indirectos de la presencia de indígenas aislados. Relataron que estaban desnudos y escapaban apenas notaban su presencia.
El Estado camina lentamente para reconocer los territorios PIACI. Hay instituciones que se oponen, pero el que no espera es el crimen organizado que avanza rápido a oscuras y sin permiso, por eso aparecen amenazantes nuevas zonas cocaleras en el país.
Zona es de muy alto riesgo
Análisis. Daniel Yovera, periodista
Para el reportaje “Yavarí: corredor bajo asedio”, realizamos un sobrevuelo de más de tres horas para llegar al río Yavarí, que tiene más de mil kilómetros de longitud y marca gran parte de la frontera con Brasil. Registramos imágenes que evidencian deforestación y la existencia de cultivos de hoja de coca. De acuerdo con expertos, en el Yavarí operan organizaciones nacionales y extranjeras que van y vienen de Perú a Brasil y viceversa. Solo les basta cruzar el río. Todo esto es un peligro para una zona que debería ser la mayor reserva natural para los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial.
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El hecho de que estas actividades se realizan exactamente en la línea de frontera hace que para sus ejecutores sea muy fácil desplazarse, pero, para el Estado, muy difícil llegar. En la zona llamada Boca del Yavarí, la existencia del Estado es prácticamente nula, y a lo largo del río Yavarí, que, como señalé, tiene poco más de mil kilómetros, hay poquísimos puestos policiales y su situación es muy precaria.
Hay que recordar que en el 2022 un puesto policial fue destruido y quemado por gente armada que atacó a los policías y se apoderó de sus armas. No olvidemos que en junio de 2023, en la misma zona, pero en la parte brasileña, asesinaron al periodista inglés Dom Phillips y al indigenista brasileño Bruno Pereira. Es una zona de muy alto riesgo en la que desde hace unos pocos años se registra cada vez con más fuerza la presencia de organizaciones delictivas extranjeras. Así que es todo un desafío para el Estado peruano, un desafío que el Gobierno no está enfrentando.
