El Congreso de la República estaría en busca de realizar cambios en el Código Procesal Penal para blindar a los integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que hieran o maten con sus armas de fuego reglamentarias. La iniciativa fue presentada por el parlamentario Víctor Flores de Fuerza Popular.
El Proyecto de Ley n.º 7115/2023-CR, presentado por Flores Ruiz, también lleva las firmas como autores de los congresistas Fernando Rospigliosi, Arturo Alegría, Héctor Ventura, Eduardo Castillo, Merly Chacón y Eliana Infantes. Todos miembros de la bancada fujimorista.
La polémica propuesta legislativa vuelve a poner los derechos humanos en un marco legal muy delgado, donde se busca proteger a los policías de una detención preliminar o la prisión preventiva antes de que se establezca su responsabilidad penal a través de una sentencia del Poder Judicial.
El texto de la iniciativa parlamentaria explica que vivimos en un contexto de creciente inseguridad ciudadana, por ello, se pretende otorgar al personal policial mayor libertad de acción en el ejercicio de sus funciones, especialmente en situaciones que involucran el uso reglamentario de armas o medios de defensa.
Asimismo, el informe de los congresistas presenta datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En este archivo, se detalla que el índice de delincuencia en áreas urbanas ha visto un notable incremento, lo que resalta la creciente necesidad de una respuesta policial eficaz.
Con el proyecto de ley presentado para proteger a los policías que cometan delitos, una de las principales entidades que vería obstaculizada su labor sería el Ministerio Público, el organismo estatal y autónomo encargado de la defensa de la legalidad y los derechos ciudadanos.
Las fiscalías verían limitadas sus capacidades para solicitar medidas coercitivas de libertad contra miembros de la PNP si se aprueba dicha iniciativa parlamentaria. Esta restricción podría afectar la independencia judicial y la administración de justicia, fundamentos que el Ministerio Público vela.
La sustentación del proyecto de ley evoca a la doctrina jurídica peruana que sostiene que la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla, reforzando el principio constitucional de presunción de inocencia.
"La autonomía de la Fiscalía puede ser regulada por las normas del ordenamiento jurídico peruano, en el presente caso, a favor de las acciones constitucionales realizadas por el personal policial que merecen una prerrogativa protectora de su libertad personal, como la presente propuesta sobre limitación a la solicitud de detención preliminar y prisión preventiva", se lee en el documento.
Sin embargo, la propuesta legislativa no explica cómo empoderar a la PNP para combatir la delincuencia, sin socavar los principios de justicia y presunción de inocencia.
Como se recuerda, en el Perú, todavía existen procesos judiciales abiertos de policías que violaron los derechos humanos y se amparan en la lucha por mantener el orden y la seguridad pública, tal como paso en las recientes marchas ocurridas a nivel nacional durante el 2022 y 2023.