Recientemente, se dio a conocer que el Poder Judicial ha tomado la decisión de archivar dos graves delitos imputados al expresidente Martín Vizcarra: la asociación ilícita para delinquir y la usurpación de funciones. Dichas acusaciones pesaban sobre el exmandatario en relación con presuntos actos de corrupción durante su gestión como presidente regional de Moquegua.
Estos delitos habrían sido dejados de lado por la jueza Margarita Salcedo, luego de seguir la solicitud de sobreseimiento presentada por el fiscal Germán Juárez Atoche y respaldada por la Fiscalía Superior Penal.
Sin embargo, ahora la atención se centra en el caso de cohecho pasivo propio en agravio del Estado, ya que, debido a ello, el exfuncionario sigue siendo procesado y el fiscal pidió que se le otorgue 15 años de prisión.
La jueza Salcedo, al fundamentar su postura, destacó que, por mandato legal y ante la ratificación del requerimiento de sobreseimiento por parte del Fiscal Superior, el juez está obligado a emitir el auto de sobreseimiento. Este paso se realiza conforme al artículo 346.3 del Código Procesal Penal y toma relevancia al considerar que el Ministerio Público es el titular de la acción penal. La resolución señala claramente los fundamentos legales que respaldan la emisión del sobreseimiento y, como consecuencia, la anulación de los antecedentes generados en torno a estos delitos.
Ante esta decisión, la jueza Salcedo Guevara ordenó la anulación de los registros relacionados con los delitos de asociación ilícita para delinquir y usurpación de funciones, lo que marca un punto de inflexión en el proceso legal que enfrenta Martín Vizcarra.
A pesar del archivo de estos dos delitos, Martín Vizcarra aún enfrenta un proceso por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado. El fiscal Germán Juárez Atoche ha solicitado al Poder Judicial imponer una pena de 15 años de prisión al exmandatario en relación con este cargo.
La jueza Salcedo Guevara dirige la "etapa intermedia" o de control de esta acusación fiscal, un paso crucial para determinar si el caso avanza hacia la fase de juicio oral. El proceso se inició en marzo de 2021 a raíz de declaraciones de posibles colaboradores eficaces. Estos testimonios apuntan a presuntos sobornos recibidos por Vizcarra durante su mandato como Gobernador Regional de Moquegua.
Las empresas vinculadas al caso Club de la Construcción estarían involucradas al ofrecer supuestos favores a cambio del proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del hospital en la región del sur del país.
Por el momento aún se espera que este proceso pueda llegar a la siguiente instancia para poder conocer el veredicto final en el caso de Martín Vizcarra. Por su parte, el exfuncionario ha negado todo tipo de participación en actos de corrupción y espera que se le absuelva de todo lo que se le ha acusado.
Cabe resaltar que, en recientes declaraciones, Vizcarra se contradijo y le quitó valor a varios testimonios que se han brindado en diferentes audiencias, por lo que su situación puede complicarse aún más en los próximos meses.