Octavio Sahuanay: “La reforma penal demuestra ser efectiva en el combate a las organizaciones criminales”

Los jueces se están preparado para enfrentar el crimen organizado, pese a que el Estado no invierte en la reforma judicial, asegura el presidente de la Corte Superior de Justicia Penal Nacional, Octavio Sahuanay Calsín. Resalta que el 2023 se dictó sentencia en 10 casos que habían comenzado el 2016, antes de la reforma.

-¿Cuál es el balance del año 2023?

-El Poder Judicial se rige por presupuesto por resultados. Por eso, desde que se creó la Corte, se han medido todos los actos relevantes de los juzgados y salas. El 2022 logramos 254 sentencias y resoluciones destacadas. El 2023 concluyó con 523 sentencias, resoluciones que ponen fin al proceso y autos de enjuiciamiento.

-¿Cómo lo lograron?

-Es el compromiso de jueces, trabajadores, servidores. Tuvimos una capacitación que está dando resultados. Los jueces que vienen aquí llegan de diferentes cortes y nunca han aplicado técnicas para manejar casos complejos.

PUEDES VER: Operadora de Nicanor Boluarte amenazaba a prefectos en San Martín para inscripción de partido político

-¿Los jueces están preparados para enfrentar una situación como la que vive Ecuador?

-Estamos mejor preparados. El Poder Judicial, por iniciativa propia, ha actuado desde mucho antes, creando un sistema que ahora es un modelo para Latinoamérica. En 1997, la Sala Penal de la Corte Suprema creó la sala de bandas, terrorismo y delitos conexos, que fue la génesis de la Corte Penal Nacional, un sistema especializado con jueces con experiencia y conocimientos.

-A partir de esa experiencia, ¿qué se debe hacer para combatir las organizaciones criminales?

-Es importante atacar su capacidad económica. Atacar el lavado de activos es la base central para combatir el crimen organizado. Si no tienes una técnica adecuada para minar la capacidad de las organizaciones criminales, estás condenado al fracaso. Eso hemos aprendido desde 1997. Ecuador recién lo ha implementado y están interesados en nuestra experiencia.

-Una corte penal especial.

-El 2022 se reunieron en Costa Rica los países que tienen un sistema judicial especializado en el combate al crimen organizado. Vieron que el Perú era el más avanzado. Nosotros tenemos una Corte Superior especializada, por decisión del Poder Judicial y con recursos propios.

PUEDES VER: Nuevo video revela que policías usaron sus armas en protestas contra Dina Boluarte en Cusco

-Con esto, ¿cuántas sentencias han logrado?

-El 2022 se dictaron 111 sentencias y el 2023 hemos logrado 235 sentencias. Todavía no es lo óptimo, todavía podemos mejorar, como ha dicho el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo. Este año, el 3° Juzgado Penal Colegiado, que tiene el juicio de Ollanta Humala y La Centralita, emitió 22 sentencias; el 4°, que tiene el caso del Metro de Lima, dictó 20 sentencias; el 2° juzgado, que ve el juicio a Alejandro Toledo y el 1° juzgado que tiene el megacaso Orellana dictaron 19 sentencias.

-¿Cuales son las sentencias más destacables?

-Aparte tenemos los órganos liquidadores del antiguo modelo procesal. Allí tenemos el problema de los casos que llevan muchos años en juicio. Nos propusimos terminarlos y este año hemos sentenciado diez casos emblemáticos, que habían comenzado el año 2016. El 2022 solo habíamos logrado una sentencia. Para este año, nos hemos propuesto terminar los casos que comenzaron el 2017 y 2018.

-¿Cómo van a lograrlo?

-Todos los jueces decidimos aplicar un sistema de gestión total. Decidimos innovar. Tomé el sistema de un renombrado penalista español que habla del derecho penal de las tres velocidades. La primera velocidad fue para los juicios del 2016, la segunda para el 2017 y la tercera para los del 2018.

PUEDES VER: Poder Judicial confirma incautación de obra de Dina Boluarte por presunto plagio

-Con el nuevo Código Procesal ¿cuánto pueden durar los juicios?

-Este año comenzamos el de Alejandro Toledo y ya teníamos el de Ollanta Humala y el megacaso Orellana, desde febrero y agosto del 2022, respectivamente. Está por terminar el juicio de La Centralita, que se inició en marzo del 2021. Este año comenzaremos el caso Cócteles. Los más extensos llegan a los tres años. Allí hemos puesto la puntería, en la etapa intermedia, para que sea más breve. En un año debe definirse el control de acusación.

-Se dice que el nuevo modelo procesal no funciona.

-Pese a todas las críticas, tiene resultados. Un juicio con el antiguo modelo demoraba cinco años; en el nuevo modelo, el promedio es de dos a tres años. El asunto es que el Estado no invierte en la reforma judicial. Nos hemos demorado 15 años en implementar el nuevo Código Procesal Penal. En Lima recién entró en vigencia el 2021. En Chile metieron bastante presupuesto. En Lima se postergó varias veces y sin presupuesto. Es como si te dieran un auto último modelo, pero no te dan el combustible, no va a correr.

-Hablando de presupuesto, ¿cómo está la Corte?

-El último año hemos tenido problemas por reducción de presupuesto. El 2023 perdimos 64 plazas y el 2024 ya empezamos con 20 plazas menos. El Ministerio de Economía y Finanzas dice que no se pueden renovar los contratos del tiempo de pandemia. No entienden que esta Corte se creó el 2018 y estábamos en plena organización cuando comenzó la pandemia. La única ventaja es el apoyo de la cooperación internacional. Luxemburgo, Suiza, aceptaron repatriar los dineros de la red Fujimori-Montesinos, con la condición de que una parte sea entregada al Poder Judicial.

-Los jueces tienen bonos, seguridad...

-No hay ningún incentivo por venir a esta Corte. En otros países hay incentivos para integrar los sistemas especializados. Al inicio del gobierno de Castillo se dio un bono a los fiscales que ven casos de corrupción, pero no se consideró al Poder Judicial. Cuando se inició el caso La Centralita, los jueces teñían resguardo personal, pero eso se está perdiendo.