El sábado 13 de enero, Vigilancia Ciudadana presentará su segundo informe sobre cómo los partidos políticos usaron el financiamiento público directo en el período enero-julio del año pasado. En esta entrevista, la abogada Margarita Díaz, directora de esta organización, da cuenta de las irregularidades detectadas.
—¿Cuál es el principal hallazgo acerca de este estudio?
—En primer lugar, en Vigilancia Ciudadana estamos haciendo un seguimiento a los rendimientos de cuentas de los partidos políticos y también estamos mirando cómo la ONPE supervisa estas rendiciones de cuenta de los partidos políticos con motivo de financiamiento público directo. Y el principal hallazgo se puede resumir en una frase: por un lado, hay una débil supervisión sobre cómo se emplean estos recursos y, por otro lado, sigue existiendo mucha discrecionalidad por parte de los partidos para el uso del financiamiento público directo.
—¿Cuáles son las principales infracciones que han detectado?
—Por ejemplo, hemos encontrado que, en el caso del partido Perú Libre, el señor Vladimir Cerrón continúa cobrando como secretario del partido. De enero a julio ha continuado cobrando su salario y se le ha pagado, al parecer, en efectivo. Todo indica que no tendría cuentas bancarias, precisamente por los procesos legales que tenía en curso. A la fecha el señor Cerrón tiene prácticamente 100 días prófugo de la justicia porque ha sido condenado. Nos va a interesar mucho ver que en este período, de julio a diciembre del 2023, cómo es que se le ha pagado o es que si ya hubo algún cambio al interior del partido. Pero del período que estamos viendo en este momento, sabemos que no se le ha pagado por cuentas bancarias. Se le ha pagado, al parecer, en efectivo. Y eso sí nos llama poderosamente la atención porque es una práctica que no debería permitirse.
—¿Por qué esta práctica es irregular?
—Porque se presume que todos los fondos deben ser bancarizados y nos llama poderosamente la atención que se estén usando recursos del Estado para pagar en efectivo a una persona que no puede recibir dinero por tener las cuentas embargadas. Hay cosas que hay que corregir, pero esto sí nos llama poderosamente la atención y creemos que sí debería destacarse porque no debería haber sido, de ninguna manera, un pago en efectivo.
—Se cuestiona que un líder político reciba un sueldo del financiamiento público directo, pero quienes lo defienden dicen que el trabajo político cuesta. ¿Qué podría responder al respecto?
—Bueno, el trabajo político efectivamente tiene un valor y para el partido tiene seguramente un valor que significa que sus cuadros puedan dedicarse al trabajo partidario. Pero en el caso que te digo, hay una contratación del señor Agapito, quien es abogado del partido y fue abogado de Cerrón. Y cuando ha sido abogado del partido se le ha pagado con financiamiento público directo. Y algunas remodelaciones que ellos han efectuado en su local. Las remodelaciones en general no están permitidas con uso del financiamiento público directo… Y bueno, hemos encontrado, como te digo, estas situaciones en este caso. Y en el caso de Renovación Popular nos llama poderosamente la atención que el exproductor de ‘Sábado con Andrés’, programa al cual el señor alcalde asiste con frecuencia desde hace semestres…
—Desde su campaña asistía…
—Así es, ha sido contratado por casi S/90.000 de enero a julio del 2023. Hay coincidencias que a nosotros nos despierta cierta suspicacia. Ese es uno de los temas con Renovación Popular.
—Ese señor, ¿qué función realizaba? ¿Formación o capacitación?
—Se supone que hace tareas de formación y capacitación. Lo importante también es señalar que en el caso, por ejemplo, de Renovación Popular, hay una empresa que se denomina Focus y esta empresa ha realizado también labores de capacitación y formación, pero no hay sustento de las capacitaciones. Todos los partidos tienen que entregar sustentos documentados, fotográficos, de todo aquello que utilizan. Por ejemplo, en el caso de Renovación Popular ellos tendrían un contrato de alquiler con la empresa Prodec, de la cual era presidente anteriormente el señor alcalde Rafael López Aliaga. Y esta institución les alquila un local a ellos. Y tampoco está el contrato de alquiler. Está el desembolso del dinero, pero no está el contrato. Todas estas situaciones son bastante delicadas y creemos que merecerían una investigación más profunda por parte de los organismos electorales, pero, además, una toma de acción.
—¿Pero cómo pueden tomar acciones? ¿Cómo sancionarlo? Penalmente no es posible hacerlo.
—Mira, en el caso de las infracciones, todo aquel gasto que no esté contemplado en la ley, según la propia ley de organizaciones políticas, constituye una infracción muy grave. No se puede dar un uso distinto del financiamiento público directo. Pero, además, cuando a mí no me sustentan las actividades que supuestamente han realizado, yo podría presumir que tal vez no son tan ciertas como me han dicho. ¿Por qué? Porque no tengo el sustento de la actividad. Por lo tanto, debería cursarse el aviso a la Procuraduría de la ONPE para que haga la investigación correspondiente. (…) ¿Hasta cuándo el mal uso del financiamiento público directo o el uso irregular o inadecuado van a seguir quedando ahí?
—Llama la atención que en el caso de actividades de formación se use para pagar a personas que no necesariamente tienen experiencia.
—Ese patrón se repetía en varias agrupaciones, pero recuerda que en mayo del 2023 hubo una modificación al reglamento y ahora sí se exige cierto tipo de experiencia y cierta cantidad de años de experiencia. Entonces, la parte formal como que corre, pero al momento del sustento de la prestación, ahí tenemos el problema.