CIDH rechaza la decisión del Tribunal Constitucional de liberar a Alberto Fujimori
Voces. Familiares de víctimas sostienen que este indulto es una expresión de aparatos corruptos no extinguidos. Sus abogados señalan que fallos contra Fujimori no pueden anularse.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) objetó la postura del Perú de liberar al expresidente Alberto Fujimori, quien venía cumpliendo condena por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Mencionó que su excarcelación se ha ordenado contraviniendo las obligaciones internacionales del Estado e incumpliendo las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En un comunicado de prensa, la CIDH observó que aun cuando en resolución del 5 de diciembre de 2023 la Corte IDH requirió al Estado peruano que se abstuviera de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del 4 de diciembre, Fujimori fue liberado el 6 de diciembre.
Alertó que el hecho de conceder indultos u otras exenciones de responsabilidad a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad puede generar una forma grave de impunidad.
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Libre. El cuestionado indulto de Alberto Fujimori fue validado por el Tribunal Constitucional. Foto: EFE
Asimismo, remarcó que el Estado peruano ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH. “Por ello, está obligado a acatar las decisiones que esta adopte en el ejercicio de sus facultades para supervisar el cumplimiento de sus sentencias y de emitir medidas provisionales”, destacó.
La CIDH también recordó a todas las autoridades estatales su obligación de realizar un control de convencionalidad de oficio en el marco de sus respectivas competencias, teniendo en cuenta la Convención Americana y la explicación que de la misma realiza la Corte IDH, su intérprete última.
“Se hace un enérgico llamado al Estado a tomar medidas efectivas para garantizar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, en respeto a su dignidad”, exhortó la Comisión.
Busca anular sentencia
Por otro lado, sobre la intención de Elio Riera, asesor legal de Alberto Fujimori, de anular las sentencias de su patrocinado, se pronunciaron los abogados Carlos Rivera (IDL) y Gloria Cano (Aprodeh).
Rivera aclaró que en el caso de las condenas por corrupción impuestas a exmandatario ya han sido cumplidas y no tiene sentido anular nada. Además, no hay materia controvertida en el asunto.
Añadió que Riera tal vez interponga acciones constitucionales en los casos de homicidio y lesiones graves como los ocurridos en Barrios Altos y La Cantuta, aunque todos los habeas corpus presentados, y en su momento una acción de revisión, fueron desestimados por la Corte Suprema.
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Además, precisó que son cosa juzgada y le recordó al abogado de Fujimori que en casos de derechos humanos no hay modificación.
“Lo que está buscando Riera es una suerte de revisión de las sentencias, de una revaloración de las pruebas y eso no le corresponde al Tribunal Constitucional, es competencia exclusiva de los tribunales penales comunes. Por tanto, cualquier acción de esa naturaleza tendría que declararse improcedente”, estimó Rivera.
La doctora Gloria Cano también resaltó el carácter de cosa juzgada de los fallos. Comentó que el abogado de Fujimori puede interponer todos los recursos que desee, pero duda que surtan efecto.
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“Tendría que presentar pruebas nuevas, no valoradas en su momento”, afirmó.
Deudos de las víctimas
En tanto, los familiares de las víctimas de violaciones a derechos humanos rechazaron el indulto a Fujimori y denunciaron que su liberación fue producto de un pacto político.
Carmen Amaro Cóndor, hermana del estudiante de la Universidad La Cantuta Armando Amaro, secuestrado y asesinado por el Destacamento del Ejército Colina en 1992, señaló que para dar el indulto han actuado a espaldas al derecho a la justicia que tienen los familiares y las propias víctimas.
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“Recordemos que la víctima no es Alberto Fujimori sino los nueve estudiantes y el profesor de La Cantuta”, recalcó. Agregó que ha prevalecido un pacto de impunidad, un pacto político, y no han cumplido las normas que se solicitan para recurrir a un indulto humanitario.
Javier Roca, padre de Martín Roca Casas –desaparecido en 1993–, remarcó que hasta ahora no alcanza justicia pese a que el caso de su hijo está ampliamente comprobado. Mientras que Indira Huillca, hija del asesinado líder sindical Pedro Huilca, dijo que se trata de una manifestación de aparatos corruptos que no se han extinguido desde los años 90 y han ido tejiendo una maquinaria de corrupción y de poder “enquistada en el instituciones como el Parlamento y ahora en el Tribunal Constitucional, con alianzas muy fuertes en el Gobierno actual”.
“Es una vergüenza el desacato”
Gisela Ortiz –hermana del estudiante de La Cantuta Luis Enrique Ortiz, asesinado por el grupo Colina– calificó de “vergüenza” el desacato del Gobierno peruano al mandato de la Corte IDH.
“Ningún Estado, salvo que sea una dictadura, desacata las sentencias y recomendaciones de la Corte Interamericana. Lo peor es que hay un doble discurso al decir que respetan el sistema interamericano, pero en la práctica no lo acatan. La resolución del TC no tiene argumento jurídico. Es más, pareciera hecha por abogados de Fujimori”, señaló Ortiz.