Beatriz Ramírez: “Amerita la suspensión provisional de Benavides en cualquier escenario”

La abogada constitucionalista Beatriz Ramírez Huaroto señaló que se cumplen los requisitos establecidos en el reglamento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para proceder con la suspensión provisional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

—La Junta Nacional de Justicia (JNJ) convocó a sesión el miércoles para analizar la posible suspensión preventiva de Patricia Benavides. Hay dos supuestos que se tienen que cumplir: que haya indicios razonables de la comisión de faltas graves o muy graves y que la permanencia en el cargo de la persona investigada pueda ser perjudicial para el desarrollo del proceso. ¿Se cumplen?

—Sí, creo que sí. La ponente, que ha trascendido que es Imelda Tumialán, tiene que acreditar un nivel de verosimilitud de la presunta falta. En este caso, esto viene dado por una investigación fiscal precedente validada judicialmente que permitió las intervenciones. El otro elemento es la posible obstaculización del procedimiento sancionatorio. Esto está dado por los actos que, desde el lunes, se han ido tomando. Por ejemplo, remover a la fiscal Marita Barreto, cuando ella es quien encabeza la investigación. O la evidencia de documentos de la Autoridad Nacional de Control hallados en sede del Ministerio Público y que no tendrían que estar ahí, incluso destruidos.

—Con el apellido “Barreto”.

—Exactamente. Entiendo que, con lo que ha circulado, tienes elementos de que hay una conducta que no busca garantizar el procedimiento, sino que este no avance. Eso permitirá al colegiado de la Junta apreciar razonablemente que si la fiscal sigue siendo fiscal, no hay forma de que la investigación fiscal en su contra progrese. Más allá de si uno está a favor o en contra de la investigación, la posibilidad de que te investigue la Fiscalía, siendo fiscal de la Nación, es un encuentro de pretensiones. Es decir, tú quieres seguir siendo fiscal de la Nación, pero la institución que diriges te tiene que investigar. Esa posibilidad no brinda las garantías de que la investigación prospere. Por eso, las dos primeras personas designadas para reemplazar a Barreto…

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—Declinaron.

—Correcto. En el fondo saben que, más allá de las responsabilidades que pudieran tener, la posición es incómoda. La persona a la que vas a investigar te está designando en el cargo para investigarla. ¿Cómo aceptas ese encargo? La Fiscalía tiene que mantener su independencia. Si la Junta de Fiscales Supremos no remueve (a Benavides), tiene todo el sentido del mundo que haya una suspensión provisional.

—¿Y si la remueve?

—Creo que no va a pasar, porque no se convoca a la Junta de Fiscales Supremos. Hay una fiscal que está pidiendo que la restituyan…

—Espinoza, asignada al Jurado Nacional de Elecciones.

—Si bien sería un mejor escenario si removieran del cargo a la fiscal de Nación, siendo fiscal suprema tiene ascendencia sobre los inferiores. Por eso, igual amerita la suspensión provisional (de Benavides) en cualquier escenario. Una fiscal suprema en una institución jerárquica como el Ministerio Público…

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—Mantiene alta capacidad de maniobra.

—Tal cual.

—En paralelo corre esta solicitud de ampliación de la cautelar que favoreció a Benavides, que detuvo la investigación preliminar que se le seguía en la JNJ. Ahora busca detener este nuevo proceso también en la JNJ. ¿Qué puede salir antes?

—Yo creo que la cautelar se podría resolver antes. Si se miran los antecedentes, la jueza constitucional supernumeraria que concedió la primera cautelar de manera indebida lo hizo en plazos muy cortos. Si la persona que litigara fuera usted o yo, los plazos no serían los mismos. La norma dice que tienen que ser plazos céleres, pero no cualquier ciudadano obtiene una resolución en los plazos que la norma dice. No es que la jueza haya fallado en contra de la ley, ha cumplido la tutela de urgencia; lo que se critica es que no cualquiera consigue eso. ¿Tutela de urgencia? Eso no existe. Por eso, supongo que existe la posibilidad de que la jueza resuelva rápido y a favor de la pretensión de ampliación.

—¿Debería resolver a favor?

—No. Son hechos completamente distintos. Los anteriores tenían que ver con una investigación preliminar por hechos que trascendieron en la prensa. Acá tienes una investigación fiscal avalada por una decisión judicial. Por eso ya estamos directamente en un proceso disciplinario. Por eso creo que debería declararse no ha lugar.

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—Si le concedieran la ampliación, ¿se detendría la sesión del miércoles?

—Sí. Así no guste el fallo de la jueza, hay que cumplir. En ese caso, la JNJ no podrá hacer la audiencia y posiblemente apelará. Creo que el error de origen para que estemos en una situación así viene del Congreso, que modificó el código procesal constitucional para que cuando cuestiones una decisión del Parlamento, ya no lo vea un juzgado constitucional, sino una sala constitucional; es decir, un colegiado de tres personas, lo que está bien porque limita las opciones de arbitrariedad. Pero ese régimen especial solamente es para las decisiones del Congreso y no para otros organismos constitucionalmente autónomos como la JNJ o el JNE, que no valen menos. No está mal reforzar el control constitucional, pero si lo haces…

—¿Que sea igual para todos?

—Sí. La reforma que el Congreso aprobó solo protegió sus decisiones, pero desprotegió las de otros organismos constitucionalmente autónomos.

—Hay un argumento defendido por algunos analistas de que estamos frente a una pugna interna. ¿Suscribe eso o estamos frente a una organización criminal liderada por la fiscal Benavides?

—Para responder eso, hay que ver el contenido, lo que ha trascendido. Más allá de si la señora Barreto o el señor Vela se llevan mal con la fiscal de la Nación, y por lo tanto se quieren arañar, hay que ver si la denuncia tiene pies y cabeza, si la señora tiene rabo de paja.

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—¿Tiene?

—Sí, claramente sí. Al menos al nivel de una sospecha razonable, ha habido un posible canje de la acción penal —la atribución más importante del Ministerio Público— por ciertas votaciones congresales de interés particular de la fiscal de la Nación y de ciertos grupos de legisladores. Esa manipulación del ejercicio de la acción penal no es solamente una inconducta constitucional, sino un posible delito.

—Otro argumento es que la búsqueda de votos es parte de cualquier negociación política.

—Buscar votos es normal si eres congresista. Nosotros como congresistas podríamos hacerlo para nuestras causas, perfecto. Pero lo que no se puede hacer es abdicar en tus funciones públicas para las que te pagan y canjearlas en favor de tus intereses. Estamos hablando de una persona a la que se le paga para ejercer la función penal contra altos funcionarios y lo que habría hecho, en cambio, es manipular y canjear intereses. Cualquier persona razonable se da cuenta de eso.

—Cuando pensábamos que la cosa ya estaba bien complicada, se complicó más con lo de la posible excarcelación de Alberto Fujimori. Primero, ¿cree que es una cortina de humo?

—Sí, creo que es una cortina de humo, pero eso no lo hace menos real. No es casual el momento en que se hace pública esta resolución que tiene años de espera. Cada vez que tenemos un tema caliente, siempre aparece la posible excarcelación del expresidente Fujimori, porque divide al país. Pero que sea una cortina de humo no significa que no sea un tema de relevancia a discutir.

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—El viernes, el juez Fernando Vicente Fernández Tapia, de Ica, no ejecutó la liberación y devolvió el caso al Tribunal Constitucional. ¿Cómo interpreta esta decisión?

—El juez le ha dicho al TC que la regulación procesal cambió en el 2021 y que no la está aplicando. Cuando eres la instancia que ampara un habeas corpus, es a ti a quien te toca ejecutar. Pero también le ha recordado que hay una resolución de la Corte Interamericana que tendrá que ponderar. Que al TC le encuentren un error en la regulación procesal constitucional es rochoso. El juez de Ica, básicamente, le ha dicho: “No me vas a quemar, encima la ley me da la razón, quémate tú”.

“Hay un desapego por lo que dice nuestra Constitución”

—¿Qué piensa cuando hay magistrados del TC que afirman que el Perú no debe hacerle caso al sistema interamericano?

—Más allá de las posiciones particulares, hay un profundo desapego de lo que dice nuestra Constitución y el código procesal constitucional. En nuestra Constitución, por ejemplo, hay hasta tres artículos que expresamente nos vinculan al sistema internacional. Adicionalmente, es un problema que los magistrados a la hora de declarar sobre casos que han resuelto no sean fieles al texto de lo que resolvieron en mayoría.

—Si estaban de acuerdo con la excarcelación, ¿debieron haberlo dicho explícitamente en su sentencia?

—Correcto. Debieron decir en la aclaración: “procédase a la excarcelación del expresidente”. Y hacerse cargo. Lo que no puedes hacer es decir que tu resolución dice lo que no dice.

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—Sea cual sea la decisión final, el cumplimiento o no dependerá del Ejecutivo.

—El Ejecutivo, hasta ahora, ha decidido cumplir lo que le ha dicho la Corte Interamericana. ¿Este Ejecutivo haría lo mismo? No lo sé.

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