La líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió a la situación médica y judicial de su padre, el exdictador Alberto Fujimori. Tras su visita al penal de Barbadillo, en donde cumple condena el expresidente por los delitos de homicidio, peculado, corrupción, entre otros, manifestó: "Él está sereno porque, finalmente, ha entendido que este expediente está retornando al propio Tribunal Constitucional".
Asimismo, Keiko informó que el abogado de su padre, al igual que ella y su hermano Kenji, ha presentado una solicitud para liberación de Alberto Fujimori. Recalcó que el exjefe de Estado se siente tranquilo porque ahora el TC se encargará de evaluar el fallo sobre proceso penal. Además, esperó que se dé por concluido el caso de presunto lavado de activos por el que el Poder Judicial ha solicitado que vaya a juicio.
Ayer, viernes 1 de diciembre, el Poder Judicial ordenó que Keiko Fujimori vaya a juicio por el presunto delito de lavado de activos y organización criminal, en el marco de las investigaciones del caso Cocteles, el cual se extiende a otros integrantes del partido Fuerza Popular. Ante ello, sostuvo: "Creo que habrá una sala, que espero que sea objetiva y justa, para zanjar este proceso, porque los hechos en cuestión no eran delito".
La líder de FP enfrenta un pedido de condena de 30 años de cárcel por este caso. Con ella, otras 38 personas son investigadas, entre integrantes del partido político que lidera y de la empresa MVV Bienes Raíces, propiedad de su exesposo, Mark Vito. Es preciso mencionar que el juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, fue quien emitió el auto de enjuiciamiento contra Keiko Fujimori.
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El juez de Ica, Vicente Fernández Tapia, resolvió declarar improcedente la resolución emitida por el Tribunal Constitucional, la misma que buscaba conceder el habeas corpus a Alberto Fujimori. Ante ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) solicitó que el Gobierno peruano emitiera un informe en el que se especifique que se está cumpliendo la orden de no liberar al exdictador. El plazo vence el próximo 6 de diciembre.