Comisión de Ética podría blindar a Alejandro Soto por ley que lo benefició
Denuncia. El presidente del Congreso insistió en que no es autor de la norma ni la suscribió, por lo que demandó archivar el caso. Congresistas Flavio Cruz y Américo Gonza apoyan su versión.
Luego de escuchar los alegatos finales del congresista Alejandro Soto sobre la denuncia que le imputa haberse beneficiado con la aprobación de la Ley 31751, que recorta el plazo de prescripción penal, la Comisión de Ética del Congreso puso fin al proceso de investigación y dejó expedita la elaboración del informe final del caso para su próxima votación.
Durante su intervención, el actual presidente del Congreso de la República sostuvo que sobre él no existe un denunciante, sino una imputación hecha por la prensa, la cual desestimó.
“No me he beneficiado de la Ley 31751, mal llamada ley Soto. Solicito a Ética que con criterio de justicia se sirva archivar esta imputación porque dicha ley fue presentada a iniciativa del congresista Flavio Cruz, de Perú Libre, y suscrita por un grupo de congresistas”, alegó el titular del Parlamento.
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También mencionó que la iniciativa de ley no contó con su firma, no participó en el debate y que cuando se presentó la reconsideración de la primera votación, él se expresó en contra de la propuesta. Y que recién por acuerdo de su bancada apoyó el proyecto de ley.
Respecto a la denuncia periodística que señaló que la mencionada ley lo habría liberado del proceso penal que tenía con la empresa Waynapicchu por la compra de un terreno en Cusco, Soto insistió en que cuatro años antes el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Ciudad Imperial declaró fundada la excepción de prescripción. Y que en esa misma resolución un juez declaró también fundado el sobreseimiento de ese proceso.
“Por tanto, cuando se emite en junio del 2023 un auto de sobreseimiento por prescripción de la acción penal, yo ya había logrado el archivamiento cuatro años atrás. La empresa agraviada ni el Ministerio Público interpusieron recurso alguno”, fue su defensa.
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El parlamentario investigado llegó a decir que la denuncia tendría por objetivo causarle daño a quien accedía a la presidencia del Congreso.
“Evalúe y disponga el archivamiento de la investigación”, demandó ante el presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán.
Declaración a su favor
A esta audiencia acudieron a declarar los congresistas Flavio Cruz y Américo Gonza.
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A ambos se les preguntó si sostuvieron coordinación con Alejandro Soto para elaborar la ley que modifica el plazo de prescripción penal. Los dos respondieron que no hubo ninguna coordinación con el parlamentario.
Flavio Cruz dijo que la norma fue elaborada en estricto cumplimiento del reglamento del Congreso y que se hizo por haber encontrado problemas en el sector judicial.
Mientras que Américo Gonza aseguró que actuó por criterio propio y negó que Soto le haya solicitado priorizar el proyecto de ley.
A su turno, la congresista Ruth Luque recordó que esta ley fue tramitada rápidamente. Preguntó por qué se decidió dictaminarla con tanta rapidez, sin tomar en cuenta opiniones de los sectores involucrados y sabiendo que iba a afectar los procesos en curso.
“Todo proyecto de ley no se hace para que esté dormido. Cuando asumí la Comisión de Justicia, trabajé con prioridad todos los proyectos. Además, el reglamento del Congreso señala un plazo de 30 días para dictaminar proyectos”, manifestó Américo Goza.
Durante su intervención final, Alejandro Soto volvió a solicitar a la Comisión de Ética que con criterio de justicia emita la resolución correspondiente “haciendo respetar a un congresista que ha sido vejado por los medios de comunicación” que le atribuyen la autoría de esta ley sabiendo que el autor no es él sino Flavio Cruz.
En cuanto al beneficio que habría recibido con la aprobación de esta norma, el congresista de Alianza para el Progreso alcanzó a la Comisión de Ética un documento del juzgado de Cusco con el fin de demostrar que cuatro años antes de la emisión de la ley había prescrito la acción penal sobre la venta de su terreno.
“Es oportunidad de reivindicar a un congresista vejado por hechos inexistentes”, insistió.
Investigarán a Amuruz solo por la fiesta
Con 8 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, la Comisión de Ética aprobó investigar a la congresista Rosselli Amuruz solo por haber organizado la fiesta de su novio Paul García, que culminó con la muerte de uno de los asistentes. Los congresistas acordaron archivar la pesquisa sobre sus viajes al extranjero durante la semana de representación. También retiraron lo respecto a la contratación de personas cercanas a Paul García en dependencias del Legislativo.