El país sin ministro del Interior, mientras campea la inseguridad

Tras cinco días de la censura del exministro del Interior Vicente Romero, el Ejecutivo no parece tener su reemplazo. Mientras tanto, el crimen organizado y la delincuencia común no dan tregua a la población.

Se sabe que a Romero le llegó una información referida a que su sucesor sería el general (r) de la PNP Miguel Hidalgo. Otro voceado sería el general (r) de la PNP Remigio Hernani, aunque este negó a nuestro medio tal versión. Ambos fueron titulares del Interior en el segundo gobierno de Alan García.

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Otro voceado es el exjefe de la Dircote José Baella, a quien un alto representante del Gobierno lo llamó para pedirle su currículum para considerarlo en esta cartera. Baella pondrá sus condiciones, en caso de que lo vuelvan a llamar.

El premier Alberto Otárola dijo el miércoles que están evaluando posibles nombres, pero que la presidenta Dina Boluarte tomará la decisión a su retorno de los EE. UU. Ayer arribó a Lima y, sin embargo, no ha tomado ninguna medida.

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Vicente Romero fue censurado por el Congreso por su falta de liderazgo en la lucha contra la criminalidad, luego de que el Ejecutivo declarara en estado de emergencia varios distritos del país para atacar el crimen organizado, sin mayores éxitos.

Los retos a enfrentar

Para el especialista en seguridad ciudadana César Bazán, el primer aspecto que debe asumir el nuevo ministro del Interior es mejorar las condiciones de trabajo de la policía para que esté mejor preparada para responder a la crisis en seguridad.

Además, consideró que será vital que la nueva autoridad, junto con el director de la PNP, Jorge Angulo, distribuya al mejor personal en las direcciones de investigación criminal, de seguridad ciudadana y en la región policial de Lima.

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“Si es que el nuevo ministro viene con la idea del estado de emergencia, de darles armas a los serenos, entonces hará lo mismo que se ha intentado y que no funciona”, cuestionó.

Recalcó que será básico que impulse la puesta en marcha de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030, cuya relevancia está en su enfoque de prevención en los jóvenes a través de oportunidades en educación, trabajo, así como en identificar factores de riesgos que pueden llevar a la criminalidad. Asimismo, destacó la importancia de elaborar el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana del Conasec.

El exministro del Interior Gino Costa identificó como medidas de corto plazo retomar la estrategia de megaoperativos dirigidos contra las organizaciones criminales. Además, fortalecer la inteligencia policial, especialmente la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), concentrando sus esfuerzos en la lucha contra las extorsiones y el sicariato.

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También establecer un mecanismo de coordinación contra la criminalidad que esté organizado por el Ministerio del Interior, la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, el INPE y la Procuraduría General del Estado.

“Para que lo anterior comience a producir resultados, se requiere que el Congreso de inmediato derogue la ley Soto y archive el proceso de remoción de la JNJ, así como las iniciativas legislativas para debilitar la colaboración eficaz y la extinción de dominio”, comentó.

Remigio Hernani subrayó la necesidad de contar con un ministro del Interior que conozca las diferentes modalidades de extorsión. “Eso se tiene que combatir con personas que conozcan de inteligencia operativa en el campo del crimen organizado”. Afirmó que se deben cambiar algunos artículos del Código Procesal Penal para devolverle a la Policía la atribución de hacer la investigación preliminar que ahora recae en los fiscales.