
El congresista por Puno, Óscar Zea Choquechambi del Bloque Magisterial, vuelve a estar en el centro de atención debido a la presentación de un controvertido proyecto de ley. Esta iniciativa busca introducir nuevas causales para la destitución de alcaldes, regidores, gobernadores y consejeros regionales.
El proyecto propone modificar el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades n.º 27972. Las nuevas razones para destituir a un alcalde o regidor serían la falta injustificada en la segunda convocatoria de las comisiones ordinarias del Congreso de la República. Además, se incluiría la negativa a implementar las recomendaciones contenidas en los informes de la Contraloría General de la República o de la auditoría interna, cuando se haya constatado daño económico a la entidad municipal, dentro de los plazos establecidos en dichos informes.
En cuanto al desafuero de gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, se aplicarían las mismas causales propuestas para las autoridades municipales. El legislador niega que su intención sea obtener un control absoluto sobre el aparato estatal; por el contrario, afirma que busca fortalecer los mecanismos de fiscalización. El proyecto será debatido en la comisión de Constitución en los próximos días.
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Zea Choquechambi argumenta que esta iniciativa surge debido a que las autoridades subnacionales involucradas en investigaciones por corrupción, omisiones o mala gestión son "protegidas" por el consejo municipal o regional. A menudo, no se convocan sesiones para tratar su destitución, ya que la mayoría pertenece al oficialismo.
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El congresista también menciona que está considerando presentar otra iniciativa para destituir a los congresistas, pero sugiere que esto debería llevarse a cabo a través de un referéndum y aplicarse solo al 30% de los parlamentarios más cuestionados. Además, señala que no se puede dejar al país sin representación legislativa.
Sin embargo, para el especialista en temas municipales y electorales, Edgar Vilca Cruz, el proyecto de Óscar Zea es inadecuado, ya que ya existen mecanismos para llevar a cabo estos procesos de destitución. En caso de no tratarse en las sesiones, podría dar lugar a denuncias por omisión de funciones. Vilca Cruz sostiene que esta propuesta no contribuye a una mejor fiscalización y que su único propósito es político, destinado a desviar la atención de asuntos que realmente requieren investigación por parte del Congreso.





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