Andy Philipps Zeballos, desde el 20 de marzo, es el coordinador de la Unidad Funcional de Integridad Institucional del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Entre sus funciones está evaluar las denuncias de corrupción que llegan a la entidad, emitir alertas, derivar las denuncias a Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, entre otras tareas.
El politólogo integraba una terna de tres candidatos junto a Miriam Siomara López Ticona y José Lucas Zegarra Granda. El gobernador Rohel Sánchez Sánchez envió la terna ante el Consejo Regional de Arequipa. De los 14 integrantes del legislativo, once votaron a su favor para su designación. Sin embargo, durante el debate de los consejeros, nunca se habló de un detalle que debió ser discutido. Su vínculo con la campaña de la entonces candidata a la consejería de Camaná por el movimiento regional Yo Arequipa, Norma Ortega Valdivia.
PUEDES VER: Dina Boluarte: este fue el compromiso que firmó la presidenta contra el proyecto Tía María
Ortega no lo mencionó durante la sesión, pero Philipps Zeballos la asesoró con la estrategia política en la contienda y en la elaboración de encuestas. Este no lo niega. "Asesoré en dos actividades que se hacen de manera colectiva, definir la estrategia de campaña y diseñar las encuestas para recoger información", sostuvo. Se le consultó si esto debió ser de conocimiento durante el debate de la designación en el CRA. "Si lo hubiera dicho se hubiera condicionado el voto de los de Yo Arequipa porque habrían entendido una devolución de favores. Entonces me era más correcto no decir nada", alegó.
¿Puede ser imparcial en un cargo para combatir la corrupción alguien que apoyó a una de las candidatas del movimiento que ganó las elecciones? Philipps torea la consulta con que ni bien asumió el encargo activó la plataforma única de denuncias ciudadanas y su promoción, por ejemplo, en la cuestionada Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC).
"Haciendo todo eso usted cree que yo estuviera interesado en ocultar, blindar algo", señala. Ortega también niega un conflicto de intereses y además tilda que hay una "satanización". "Veo que porque le hice la encuesta a tal candidato, lo apoyé, me tomé una foto o asistí a su inauguración de su local; pueda uno estar vetado a trabajar en una institución pública. No creo eso", lo defendió.
Sin embargo, ya existe una campanada de alerta grave y realizada por nada menos que el presidente del Consejo Regional Anticorrupción, además de juez superior y jefe de la Odecma, Johnny Cáceres Valencia.
El pasado 12 de mayo, alegó que presentó su renuncia a la comisión por la falta de neutralidad de Philips como secretario técnico de la comisión. Al GRA le corresponde designar a su representante en dicho puesto. "Advertí situaciones que no iban a favor de la independencia que debe mantener la comisión. Si bien (Philipps) es funcionario del GRA no puede interferir en el cuestionamiento a dicha entidad. No puede alegar a favor, se debe mantener la neutralidad y la independencia", declaró aquella vez el magistrado. Pidió su cambió y la entidad regional lo estaría evaluando.
La República consultó a Philipps si conocía al gobernador Sánchez anteriormente. Al inicio dijo que recién cuando ingresó a trabajar a la entidad. Pero cuando se le mostró su participación en un foro en el primer Encuentro Juvenil Camaná 2022 donde también disertó Sánchez y Ortega, cambió de parecer. "Ahora me acuerdo, ahí nos conocimos", alegó.
Sostiene que integró la terna del GRA porque repartió su currículum vitae a diferentes personas y la vicegobernadora Ana María Gutiérrez lo llamó por su experiencia. Niega que hubiera interferencia de Ortega.
Además, acota que no habría orientación en la gestión de Sanchez por diversos controles que existen. Uno de ellos es del propio denunciante, que puede alegar que su queja no fue bien evaluada. Otro punto, sostiene, es que envía informes de su labor a la Gerencia General del GRA. "Quiero dejar en claro que yo no investigo, ni sanciono. Mi función es evaluar la calidad de la denuncia.
La Oficina Funcional de Integridad Institucional del GRA fue instalada en el mes de abril. Hasta el momento recepcionó 11 denuncias. Cuatro de ellas han sido atendidas y derivadas. De estas tres están relacionadas a los pagos indebidos que se hacen para obtener una licencia en la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones.
Sobre las demás en un caso se pidió mayor sustento al denunciante, otras 3 fueron archivadas, pero se informó a Gerencia General en forma de alerta y están pendientes de evaluar las últimas 3.