
El exfiscal Víctor Cubas, de reconocida trayectoria en el Ministerio Público, es una de las personas que más ha advertido sobre la actuación de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Responde sobre la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de iniciarle a esta última una investigación preliminar.
—La Junta Nacional de Justicia ha decidido abrir una investigación preliminar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Le parece adecuado?
—Sí. La JNJ es el órgano que tiene competencia para investigar disciplinariamente a los jueces y fiscales de toda jerarquía.
—Se entiende que la investigación es por la remoción de fiscales que estaban investigando el caso de los Cuellos Blancos. ¿Qué piensa?
—Es legal. Si bien es cierto, la persona que desempeña el cargo de fiscal de la Nación tiene facultades para disponer la remoción del personal, esta atribución debe ser ejercida de conformidad con la ley, no es una facultad discrecional. Para remover a un fiscal tiene que haber razones previstas en la ley correspondiente, dentro del marco de lo que se denomina debido proceso administrativo, dándole la oportunidad a la persona de que pueda ejercer su defensa.
—¿La remoción de los fiscales que investigaban el caso de los Cuellos Blancos no estuvo lo suficientemente motivada?
—Exactamente. Y no es solo ese caso. Se ha hecho remoción de otros fiscales, ahora último de los que trabajaban en el área de derechos humanos y de los que tenían a su cargo casos de trata. Eso no se puede hacer a menos que medie una justificación, como ya expliqué.
—La fiscal Benavides ha dicho que sería una represalia por pedir prisión preventiva contra Pedro Castillo. ¿La JNJ quiere favorecer a Pedro Castillo? ¿Le suena lógico?
—No es lógico lo que ella dice, es por el contrario un exabrupto de la fiscal de la Nación. Con ello está diciendo lo que usted señala, que la JNJ estaría a favor de Castillo. Esto en realidad no merece ningún análisis, es algo descabellado.
—Ha dicho también que no hubo desbaratamiento del equipo de fiscales de Cuellos Blancos sino que lo reforzó. ¿Está de acuerdo?
—No, porque esa afirmación no obedece a la verdad. Si se hace una comparación entre el personal que prestaba servicios antes del primero de julio y el que presta servicios hoy en el ámbito fiscal, no queda ninguno. No es cierto que no se haya removido a fiscales. Se ha removido, incluso, a fiscales que veían casos de corrupción de magistrados, entre ellos el caso de la jueza superior Emma Benavides, hermana de la fiscal.
—Podrían haberse removido equipos para ser reforzados. Eso es lo que se entiende.
—Puede ser. Habría que darle el beneficio de la duda a la fiscal y entonces sería bueno que presente los resultados de la investigación. Ha manifestado que se ha hecho la escucha de todos los audios (de ‘Los Cuellos Blancos’), que se está haciendo la transcripción. Bueno, que se publiquen esas transcripciones.
—¿Está mintiendo la fiscal?
—Hay afirmaciones que no obedecen a la realidad.
—Alguien podría argumentar que como usted salió del Ministerio Público a raíz de la llegada de Benavides, podría criticarla por ese motivo.
—Se puede pensar de esa manera, sin embargo, no tengo ningún interés en regresar a trabajar al Ministerio Público. Yo he realizado observaciones al desempeño funcional, a las decisiones que se han adoptado, sobre todo cuando se indicaba que se ha formado un equipo para investigar la corrupción del poder, pero acá hay una mirada muy sesgada. Solo se ha investigado los casos de corrupción relacionados con miembros del Ejecutivo, empezando por el expresidente.
—Solo a una parte del poder.
—El poder no solo lo detenta el Ejecutivo. También el Legislativo y el Judicial. Que demuestre la fiscal de la Nación qué investigaciones ha promovido de presunta corrupción en el Congreso. O en el ámbito de la administración de justicia. Pasa por allí el caso de su hermana, a quien se le investiga por casos de favorecimiento a personas involucradas en tráfico ilícito.
—¿La fiscal ha mostrado más interés en ciertos casos, quizás por intereses políticos?
—Creo que sí. Hay clara intención de favorecer a sectores involucrados en graves actos de corrupción, sobre todo que tienen presencia en el Congreso.





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