La gobernadora regional de Moquegua sentó una postura crítica a la declaratoria del estado de emergencia en la que se incluyó a Moquegua. Además, se refirió al Congreso y la no aprobación del adelanto de elecciones.
— ¿Por qué considera que el decreto que estipula el estado de emergencia es arbitrario y un acto de provocación?
— Hay que dejar en claro que la población en Moquegua sí se viene manifestando por el adelanto de elecciones para el 2023 y es a nivel pacífico. No hubo ningún acto de violencia por parte de los manifestantes. En ese marco, consideramos que el estado de emergencia en la región no tiene sustento. Hemos revisado el reporte de la Defensoría del Pueblo actualizado el 4 de febrero e indica que no se perciben actos de violencia. Lo propio verificamos en las plataformas de monitoreos de la SUTRAN y no hay justificación. Una medida de esta naturaleza debe darse en el marco legal, con condiciones que acrediten una grave circunstancia de anormalidad.
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— ¿La medida es desproporcionada?
— Consideramos que es arbitraria y un acto de provocación innecesario a la población que viene manifestándose de manera pacífica. Hemos cursado oficio a la presidencia del Consejo de Ministros para que puedan corregir esta medida.
— ¿Cuál ha sido la reacción de la sociedad civil frente a este decreto?
— Hoy (ayer) han salido dirigentes, representantes de los gremios. Me comuniqué con el gremio de Construcción Civil. Los comerciantes de la feria, de los mercados, incluso en algunas juntas vecinales rechazan esta medida. A nivel del gobierno regional, tenemos actividades para reactivar la economía y con esta medida que te suprime algunos derechos, va a ser imposible realizarlas. Dimos la disposición que prioricemos la reactivación económica. En el puerto de Ilo, en estos meses de verano hay bastante movimiento, pero al no tener la libertad garantizada, esto genera ciertos parámetros.
— ¿Antes se veía presencia de las Fuerzas Armadas?
— Sí hemos visto presencia policial, sobre todo en Plaza Vea y en instituciones públicas. Era lo necesario y se manejó bien con la manifestación (…).
— ¿Cuáles son las actividades que van a dejar de hacer por este decreto?
— Tenemos una actividad nacional por el Día Internacional de la Mujer. Otras de promoción turística que de cierta manera generan concentración de personas, no solo de la región, sino de otras ciudades que visitan el puerto de Ilo.
— ¿Esperan que con esta comunicación con el Ejecutivo se revierta esta medida?
— Esperamos que así sea, porque además la población percibe que esta medida es para custodiar y proteger a las empresas mineras que tenemos en la región Moquegua.
— ¿Es como decirle a la gente no lo estamos respaldando a ustedes, sino vamos a proteger, los activos críticos y otros?
— Exacto, y eso sí preocupa a la población. Hemos visto que, en otras regiones, esperamos que en Moquegua no sea el caso, ha habido un despliegue de la Policía y el Ejército a las empresas mineras para protegerlas, dejando de lado la protección en la ciudad.
— El Congreso le cerró la puerta a los proyectos de adelanto de elecciones. ¿Cuál es su postura como autoridad?
— Nos preocupa de sobremanera, porque el Congreso es elegido por el pueblo y en estos momentos cruciales donde debe escuchar a la población, se niega a hacerlo. Son cuatro oportunidades que ha rechazado categóricamente escuchar a la población y el adelanto de elecciones, primando sobre todo los intereses propios y partidarios. Aquí va nuestro llamado: creemos que la salida de la crisis política, dadas las circunstancias y el escenario político que estamos atravesando, es la renuncia inmediata de la presidenta Dina Boluarte, la reestructuración o reconformación de la mesa directiva, buscando un consenso para quien la dirija .
— ¿Se ha escuchado el pedido de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales?
— Es una situación que en la interna de la ANGR vamos a tratar, porque nos parece que hay un sector del Congreso que pretende desacreditar a las nuevas autoridades que somos los gobernadores regionales, dado que nos hemos incumbido en este tema. (…) La posición que hemos tomado los gobernadores regionales, de cierta manera, no todos los congresistas la han tomado a bien.
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— Hubo un proyecto de ley que pretendía nuevas elecciones para gobernadores regionales
— Es una situación que nos preocupa porque vemos claramente que el interés superior en esta crisis política es el propio de cada congresista y, como decía, el interés partidario. Aquí quien se mete con algún sector o alguna posición de escuchar a la población, finalmente nos declaran enemigos y creo que eso no puede pasar. Como gobernadores regionales y desde la ANGR, lo que tratamos es de coayudar a encontrar una salida a la crisis política, que finalmente, como decía Roel Sánchez, ya no solo se trata de un costo social, que finalmente ha cobrado más de 55 vidas humanas de peruanos, sino que además hay un costo económico.
— ¿Cuál es el impacto económico en Moquegua?
— Perjudica de sobremanera a los pequeños comerciantes. Como te decía, habíamos dispuesto un plan dentro de los 100 primeros días de la gestión para reactivar la economía, que en diferentes obras del gobierno regional haya doble turno para avanzar con la ejecución y haya mayor oportunidad de trabajo. Pero esto vamos a tener que replantearlo, porque al tener derechos que están restringidos, no vamos a poder desarrollar nuestras actividades con normalidad.
— ¿Las autoridades regionales nuevas,son las más indicadas para llevar adelante esta intermediación, este diálogo frente al Ejecutivo y buscar una salida de la crisis? ¿Están en esa posibilidad?
— Ya planteamos como ANGR la salida con fundamento, porque hicimos los esfuerzos de escuchar, primero convocando a los organismos que tienen que ver con el sistema electoral. Y a través de la ANGR los hemos convocado, ellos nos han explicado que sí se puede garantizar un desarrollo de las elecciones en el año 2023, pero este proceso está sujeto a las decisiones políticas que tiene que darse desde el Congreso, y allí nos hemos chocado contra la pared, porque no hay esa voluntad política de desprendimiento y de sumarse a la salida de esta crisis política.
— ¿Dina Boluarte los ha convocado en algún momento en esta última semana?
— Para hablar de este tema específico no hemos tenido convocatoria, sí nos han convocado para instalar la Comisión Intergubernamental de la Salud (…) Sí acudiríamos con la Presidenta, si nos llamara para hablar específicamente de este tema.
— ¿Cuál es su apreciación del desempeño que ha tenido la señora Boluarte? Se le reclama, que en ningún momento haya mostrado mea culpa por el actor de la Policía, sigue con la teoría de que fueron los manifestantes quienes provocaron su muerte.
— Muy lamentable las declaraciones, consideramos que sus mensajes no son nada conciliadores, no hay un mensaje de reconciliación, de mega culpa, aceptando también cierta responsabilidad. Finalmente, son más de 55 muertos hermanos peruanos, familias que lloran un ser querido y que ven que no hay una justicia inmediata, no se ha encontrado un responsable, sin considerar además que la responsable política de esta situación es la señora presidenta.