Trasladan a la fiscal de la nación investigación de concurso sin transparencia para el TC
Director Parlamentario del Congreso precisó que entregaron información incompleta por decisión de la comisión especial que presidía José Balcázar.
La Séptima Fiscalía Corporativa Penal de Lima derivó la investigación por la falta de transparencia en el concurso para el Tribunal Constitucional (TC) a la fiscal de la nación, Patricia Benavides; al considerar una posible responsabilidad penal por parte del congresista José Balcázar Zelada.
La disposición fue emitida por el fiscal Wilfredo Quispe Ccalla, el pasado 5 de enero, luego de cumplir una serie de diligencias que sirvieron para conocer la forma en que se incumplió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el último concurso para la selección de magistrados del TC que hizo el Congreso.
El 14 de diciembre del 2022, rindió su manifestación el director general parlamentario, Javier Ángeles Illmann, quien señaló que la información de respuesta incompleta a una solicitud de acceso a la información pública sobre el concurso para el TC fue decidida en la comisión especial que presidía por entonces el legislador José Balcázar Zelada.
“No taché ni borré información, yo recibí la información brindada por el presidente de la comisión, congresista José Balcázar Zelada, y tal como la recibí remití la misma información”, precisa el funcionario parlamentario.
Es decir, la decisión de ocultar información sobre los reportes elaborados por la Contraloría acerca de los postulantes habría sido decidido por el congresista José Balcázar Zelada. De hecho, en el dictamen del 5 de enero, el fiscal Wilfredo Quispe Ccalla sostiene que “existirían indicios de su vinculación y participación en los hechos de la presunta comisión de los delitos”.
Por tratarse de un congresista y el delito se habría cometido en el ejercicio de sus funciones, el caso ahora fue remitido a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, para que continúe con las investigaciones.
El Ministerio Público investiga la comisión del presunto delito de abuso de autoridad desde el Congreso, debido al incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el concurso para el TC.
El autor de este nota informativa solicitó a la comisión especial las copias de los informes que hizo la Contraloría sobre los candidatos, pero el Congreso optó por el secretismo y remitió los documentos pero con más del 80% de páginas borradas.
Por esta razón, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información emitió una resolución y envió el caso al Ministerio Público para que investigue y establezca posibles responsabilidades por desobediencia y abuso de autoridad.