La cuestión de confianza planteada por el primer ministro Aníbal Torres contra la ley que limita el referéndum para reformas constitucionales, no es la única controversia sobre esta norma.
El 16 de febrero el Ejecutivo planteó una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley ante el Tribunal Constitucional (TC) debido a que el Congreso había promulgado por insistencia su proyecto antireferéndum.
Pero este caso avanzó a paso lento. El 11 de mayo, el Congreso eligió a seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Recién el 1 de setiembre hubo una audiencia para escuchar a las partes involucradas en esta demanda, el Ejecutivo y Legislativo.
Han pasado más de dos meses y los magistrados del TC aún no se pronuncian. Fuentes de La República en esta institución respondieron que el veredicto saldría en los próximos días, pero no precisaron fecha. Explicaron que cada juez debe presentar su decisión por escrito y firmada.
De todos modos, un fallo del TC podría dar luces acerca de la viabilidad de esta norma. La posición del Ejecutivo es que la ley recorta el derecho de participación ciudadana. La del Congreso es que toda reforma constitucional debe, primero, ser aprobada en el Pleno y luego, en caso de obtener 66 votos, se somete a consulta popular.
El Ejecutivo presentó un proyecto de ley para derogarla. El primer ministro Aníbal Torres hizo cuestión de confianza para que esta se apruebe. La Junta de Portavoces aún no se pronuncia sobre la solicitud del Jefe de Gabinete.