La denuncia contra la vicepresidenta de la República y ministra de Inclusión y Desarrollo Social (Midis), Dina Boluarte, por presunta infracción de la Constitución, ha sido considerada prioritaria por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y se espera que la próxima semana empiece a verse el caso en esta instancia parlamentaria, primer paso de un proceso que puede retirarla del Estado.
La denuncia fue presentada por Norma Yarrow, de la bancada de Avanza País, y Javier Padilla de Renovación Popular, y un ciudadano, César Candela. Buscan inhabilitar a Boluarte de la función pública por diez años alegando que infringió la Constitución al mantener un cargo directivo en el Club Departamental Apurímac y ser ministra al mismo tiempo. Aunque esta denuncia no estaba en la agenda de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de ayer, viernes 27, la parlamentaria fujimorista Martha Moyano planteó incluirla aduciendo que era algo importante para el país. Es decir, priorizarla sobre otras denuncias pendientes de debatir.
La presidenta de este grupo de trabajo, Rosío Torres, de Alianza para el Progreso (APP), sometió a votación este pedido y fue aprobado por mayoría, con la adhesión de la apepista.
Se espera que la próxima semana la Subcomisión plantee un informe sobre si la denuncia contra Boluarte debe proceder o no, es decir, si el caso debe ser investigado por esta instancia. Lo más probable es que sea considerado procedente, según fuentes parlamentarias. Si es así, pasa a la Comisión Permanente para que la ratifique o deseche.
Si la denuncia sigue avanzando, vuelve a Acusaciones Constituciones para que asigne la investigación a uno de los congresistas que la integran. En esta indagación se debe concluir si Boluarte infringió la Constitución y de ser el caso plantear inhabilitarla de la función pública.
La Subcomisión aprobó por mayoría la denuncia constitucional contra el exministro del Interior Carlos Basombrío, por supuesta infracción a la Constitución y abuso de autoridad por retiros de efectivos en la Policía. Se recomienda inhabilitarlo tres años de la función pública.
También aprobó la denuncia constitucional contra el excongresista Roberto Vieira por la presunto tráfico de influencias, al ofrecer a un primo suyo interceder ante un funcionario del Ministerio de la Producción sobre la caducidad del permiso de pesca de una embarcación.
Además, archivaron denuncias contra el excongresista Luis López, por presunta tráfico de influencias, y contra el exparlamentario Paul García, por supuesta infracción constitucional y abuso de autoridad.
También declaró improcedente la denuncia contra los excongresistas Edgar Alarcón y Omar Chehade por presunta tentativa de sedición, conspiración para rebelión, entre otros delitos, presentada por el cantante Richard ‘Swing’ Cisneros.
Se dieron cuenta de denuncias contra los exmiembros del Tribunal Constitucional, el expresidente del Congreso Manuel Merino y los exlegisladores Rolando Ruiz e Yván Quispe.
Proceso. Rosio Torres lidera subcomisión que verá denuncias. Foto: Congreso
Kathy Ugarte, congresista de Perú Libre
“Está anunciando Contraloría situaciones ya delicadas que debe responder a ello. Está en su derecho de tener que realizar y hacer cumplir la ley, es el trabajo de Contraloría, nosotros somos respetuosos”.
Karol Palacios, congresista de Acción Popular
“En caso de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales encuentre una responsabilidad, como lo está indicando la Contraloría, nosotros tendremos que apoyar como corresponde”.
Edgar Tello, congresista del bloque magisterial
“Es una denuncia que se debe aclarar. Todos los ciudadanos en el país deben cumplir los requisitos establecidos por ley. Tendrán que fundamentar la denuncia y la compañera Dina hacer sus descargos”.