Imponen restricciones para Karelim López por caso Provías

La empresaria y lobbista Karelim López Arredondo deberá cumplir con una serie de limitaciones por el plazo de 36 meses en la investigación que se dirige en su contra por el caso Provías, donde habría favorecido al consorcio Puente Tarata III para que este gane una licitación y pueda ejecutar la construcción de un puente sobre el río Huallaga, en la región San Martín en 2021, valorizado en más de S/232 millones.

Así lo ordenó el juez Manuel Chuyo Zavaleta tras evaluar el pedido de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro este jueves. El magistrado sostuvo así que “se ha determinado la existencia de elementos y datos que permiten afirmar la comisión del delito por parte de los investigados”.

Para López estarán vigentes así las siguientes restricciones: no acudir a las instalaciones de Provías y el MTC, la prohibición de comunicarse con coinvestigados y testigos, y el pago de una caución de S/10 mil. En cambio, la empresaria sí podrá salir de su lugar de residencia sin autorizaciones judiciales y no estará obligada a acudir mensualmente al Juzgado para informar de sus actividades.

“No consideramos que la ausencia fuera de Lima pueda afectar el curso de la investigacion o implique el peligro de fuga”, sostuvo Chuyo, pues la investigada ya tiene una medida de impedimento de salida del país. El magistrado resaltó también la postura del abogado de López: que el hijo menor de la empresaria acudía a provincias constantemente para realizar actividades deportivas.

El Ministerio Público anunció que apelará este extremo para que Karelim López sí se vea obligada a no abandonar Lima sin autorización e informe de sus actividades al Poder Judicial cada fin de mes.

Las reglas, en conjunto, sí se aplicarán contra los empresarios Marco Pasapera Adrianzén, Héctor Pasapera López y Víctor San Miguel, así como al todavía funcionario de Provías Descentralizado, Alcides Villafuerte Vizcarra. Las restricciones que se les impondrán son las siguientes:

• No ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial
• No acudir a las instalaciones de Provías y MTC, y en caso tenga vínculos laborales o contractuales que no tengan que ver con la licitación investigada (como Alcides Villafuerte), que las comunicaciones se realicen vía correo electrónico. Este extremo se aplicará solo para Villafuerte, quien pidió licencia sin goce de haber hasta el 24 de mayo. Cuando se cumpla este plazo, informará por correo a la entidad el término de su contrato, informó su abogado.
• Presentarse mensualmente a las autoridades judiciales para justificar informe de actividades.
• Prohibición de comunicarse con coinvestigados y testigos, salvo la necesidad de realizar actividades laborales, que será vía correo electrónico (esta excepción solo será para Víctor San Miguel y Héctor Pasapera López, que laboran juntos)
• Pago de caución en el plazo de 15 días

Marco Pasapera Adrianzén, Víctor San Miguel y Karelim López Arredondo deberán pagar así S/10 mil a cambio de su libertad, mientras que Héctor Pasapera López y Alcides Villafuerte, S/15 mil.

Imputaciones

El fiscal adjunto Israel Ocaña sustentó durante la audiencia que existió una organización criminal desde julio del 2021 que captó a proveedores y empresarios para integrar su red con el fin de “obtener ganancias ilícitas, producto del direccionamiento de adjudicaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)”.

La red se habría dividido en dos brazos: uno operativo para captar empresarios (liderado por Bruno Pacheco y Zamir Villaverde) y otro de ejecución de los delitos (a cargo de miembros de Provías Descentralizado).

Contra Karelim López se resaltó así que representó los intereses del consorcio Puente Tarata III al reunirse con los familiares de Pedro Castillo (sus sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo), y que podría estar en la clandestinidad por su solvencia económica y registrar viajes al extranjero, además de haber presentado una prueba falsa de covid para evitar acudir a una citación.

Sin embargo, su abogado César Nakazaki sostuvo que por el contrario Karelim López sí se contagió del nuevo coronavirus y que, pese a problemas de salud (constante sangrado nasal y desmayos), la empresaria dio su declaración en cinco ocasiones entre enero y abril de este año, de forma presencial y virtual, ante el despacho de la fiscal Karla Zecenarro.

A Víctor San Miguel así como Héctor Pasapera López, representantes del consorcio Puente Tarata III, se les imputa haberse beneficiado con la licitacón irregular del proyecto; mientras que a Marco Pasapera Adrianzén se le sindicó de haber coordinado con Alcides Villafuerte, gerente de obra de Provías Descentralizado para defraudar al Estado.

Por este caso se investigan diversos delitos: colusión agravada, organización criminal, tráfico de influencias, falsa declaración y falsificación de documentos.