Las órdenes de captura nacional e internacional que se dictaron desde abril de 2017 contra el expresidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp seguirán vigentes por el caso Ecoteva, vinculado a los sobornos de la constructora Odebrecht en el Perú.
Así lo determinó el Tribunal Constitucional (TC), por mayoría, en una sentencia del último tres de febrero a la que accedió La República donde rechazó un hábeas corpus planteado por el abogado de Toledo y Karp, Roberto Su. En este recurso, ambos planteaban anular lo dictado por el Décimosexto Juzgado Penal de Lima, en primera instancia, y contra los jueces de la Cuarta Sala Penal de Reos Libres Permanente de la Corte Superior de Lima, que confirmó la cárcel provisional.
Según la defensa, se vulneraron varios derechos contra los implicados como los referidos a la libertad personal, al debido proceso, legalidad y debida justificación de las resoluciones. También cuestionó que los elementos de convicción con los que se sustentó la prisión preventiva no formaban parte del expediente y que provenían del caso Interoceánica Sur (tramos 2 y 3), y que Jorge Barata (exsuperintendente de Odebrecht en Perú) no sindicaba directamente en su declaración a Eliane Karp, por lo que no se cumplía con los procedimientos necesarios.
“En el Caso Ecoteva no se señala cuáles son los elementos de convicción que corroboran su participación o vinculación con el delito de lavado de activos, ni refiere cuál sería el delito fuente y qué elementos de convicción son fundados y graves para vincular el hecho delictivo con los favorecidos”, sostuvo Su en el hábeas corpus.
No obstante, el Pleno del TC (con la abstención del magistrado Ernesto Blume) constató que la orden de prisión preventiva dictada por 18 meses contra Toledo y su esposa sí estuvieron adecuadamente justificadas.
“En el caso de la favorecida Eliane Chantal Karp de Toledo, se resalta -en lo que importa a este caso-, la cantidad de bienes adquiridos tanto por ella como su madre, por lo que era evidente el conocimiento de los acuerdos corruptos que se llevaban a cabo (decimocuarto considerando). Así, se advierte que los elementos de convicción vinculan a los favorecidos con el delito imputado”, señala el fallo del TC que lleva la firma de los tribunos José Sardón, Marianella Ledesma, Manuel Miranda, Augusto Ferrero y Eloy Espinosa-Saldaña.
El TC también aclara que se cumplió con resaltar el peligro de obstaculización en ambos al poner de relieve que residen en Estados Unidos y no manifestaron tenere intención de volver al Perú para someterse a la justicia. “Se evidencia que la resolución controvertida se encuentra debidamente motivada, así como su vinculación al delito imputado, por lo que corresponde desestimar la demanda de autos”, indica la sentencia.
Por estas razones se rechazó el hábeas corpus de Alejandro Toledo y Eliane Karp, confirmándose con ello la vigencia de las órdenes de captura contra ambos.
En junio del 2019, tras una larga investigación, la Fiscalía acusó por 16 años y 8 meses de prisión a Alejandro Toledo, Eliane Karp y Avraham Dan On por el presunto delito de lavado de activos. También se solicitaron contra Shai Dan On (hijo de Avraham Dan On) 13 años y cuatro mesesde cárcel, la misma pena para el abogado David Eskanazi; y 10 años de prisión para Eva Fernenbug (suegra de Alejandro Toledo).
Ello porque, según el Ministerio Público, parte de los más de US$34 millones que recibió Toledo de Odebrecht por los tramos 2, 3 y 4 de la carretera Interoceánica Sur habría sido depositado en empresas offshore constituidas en Costa Rica, entre ellas Ecoteva Consulting Group, presidida por Eva Fernenbug.
Con el dinero ilícito, además, Toledo habría adquirido por intermedio de Ecoteva cuatro inmuebles: uno valorizado en US$3.8 millones en la urbanización Las Casuarinas, una oficina en el Edificio Omega valorizada en US$882.000, en Surco; el pago de la hipoteca de una casa de Toledo en la urbanización Camacho, por US$217.000 y otra casa en Punta Sal por US$277.000. Todas estas propiedades están incautadas actualmente por el Estado.
En abril del 2021, por otra parte, el Ejecutivo aprobó las solicitudes de extradición activa del expresidente Alejandro Toledo y de su esposa Eliane Karp precisamente por el caso Ecoteva.
Toledo afronta también otra extradición a punto de ser ordenada por la Secretaría de Estados Unidos por el caso Interoceánica Sur. Por este caso, el expresidente afronta un pedido de 20 años y medio de cárcel.