Jo-Marie Burt: “Es con un indulto trucho que se logra la libertad de Fujimori”

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con Jo-Marie Burt, investigadora y escritora. La autora del libro “Violencia y Autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori” aclaró que el Gobierno de Pedro Castillo tiene la responsabilidad de acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exigir que se tomen acciones en contra del fallo del Tribunal Constitucional que deja en libertad al expresidente Alberto Fujimori.

- ¿Cómo ven al Perú desde afuera tras la decisión del Tribunal Constitucional que abre la puerta de nuevo a Alberto Fujimori?

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Es un tema dramático. A veces siento que estoy en un túnel del tiempo. Sigue habiendo intentos para liberar a Alberto Fujimori y desconocer la legitimidad del proceso que lo llevó a la cárcel. Para mí, demuestra la incapacidad por parte del fujimorismo de reconocer un elemento fundamental de la democracia que son los fallos de la justicia.

Fujimori fue condenado en un proceso imparcial, que le garantizó todos los derechos de la defensa. Esa condena de 25 años como autor mediato de una organización criminal fue, además, ratificada por otra sala de la Corte Suprema. Ha resistido todos los intentos de los abogados de Alberto Fujimori y es con un indulto trucho que se ha revivido que se logra la libertad de Fujimori.

- ¿Qué puede pasar? ¿La CIDH puede ordenar nuevamente que se revise este fallo?

Sin duda la CIDH, en su función de supervisión de la sentencia del caso Barrios Altos y Cantuta, va a revisar esta nueva medida y, como hicieron la otra vez, la va a declarar lesiva de los derechos de las víctimas, acceso a la justicia y deber del Estado peruano de investigar, procesar y condenar graves violaciones a los derechos humanos.

Va a mandar enmendar la decisión o podría tomar cartas en el asunto de manera más directa y decir que esta medida viola los estándares internacionales y declararla sin efecto, eso es posible.

Yo creo que la corte puede tomar esa medida más fuerte, pero sobre todo porque ya se pronunció sobre el indulto del 2017. Reconoció los mecanismos fraudulentos por los cuales fue promulgado y, además, reconoció que viola el derecho de las víctimas a acceder a la justicia.

- El magistrado Eloy Espinosa ha dicho que la calle será decisiva. ¿Cuál es el papel de la protesta ciudadana?

Mucha gente habla de la debilidad de la sociedad civil en el Perú. Es cierto que en colectivos permanentes hay debilidad, pero también es notable que el Perú ha demostrado tener una sociedad civil capaz de reaccionar frente a atropellos muy graves.

Un ejemplo muy claro son las últimas tres elecciones. Las manifestaciones para parar la elección de Keiko Fujimori, la hija del dictador, como presidenta han sido masivas. En 2018, cuando fueron destituidos los dos fiscales anticorrupción la ciudadanía salió masivamente en apoyo a ellos, eso es algo inédito.

Otro ejemplo es noviembre del 2020 cuando Martín Vizcarra fue vacado bajo circunstancias cuestionadas y tomó el poder Manuel Merino, quien fue visto como un gobierno usurpador y la respuesta fue abrumadora. No es que hubo un colectivo, una organización que llamó a la gente, sino que fue espontánea. Eso muestra que en la sociedad peruana hay capacidad de reaccionar. Anoche vimos la primera respuesta.

- ¿Cuál es el rol del Gobierno?

El Gobierno tiene que tomar acciones claras. Algunos han dicho de que el presidente Castillo podría revocar la resolución del 2017 en la cual está basada la liberación de Alberto Fujimori. No soy abogada peruana, pero se tendría que ver si eso anularía el proceso actual. El Gobierno debería acudir ante la CIDH y exigir que la corte tome acciones en contra de esa decisión.

-¿Qué se puede hacer para acabar con la revictimización?

Es terrible la forma de revictimizar constantemente a las víctimas, familias y sobrevivientes de Barrios Altos, Cantuta y miles de otros casos que no llegaron a la justicia. El terruqueo constante que sufren es absurdo, inhumano, es no reconocer el grave daño que el mismo Estado cometió en contra de sus propios ciudadanos.