Juan Silva, ahora exministro de Transporte y Comunicaciones, informó a la prensa que no renunciaría a su cargo pese a las declaraciones de Karelim López, quien lo vinculaba con la presunta organización criminal que lideraría Pedro Castillo desde Palacio de Gobierno. No obstante, antes de que el Congreso votara por su cesura, puso a disposición su cargo.
Rosa María Palacios resaltó que Acción Popular, partido que, según Karelim López, posee cinco congresistas que integran la organización llamada Los Niños, trató de proteger a Juan Silva.
“Acción Popular, al igual que Somos Perú, anuncia que se va a abstener ¿por qué? Porque la moción de censura, según ellos, es por hechos nuevos y distintos a la interpelación que tuvo el ministro el año pasado, hace tres meses”, explicó.
La abogada desmintió esta premisa. Aclaró que la institución de interpelación es autónoma de la censura, por lo que no es necesario presentar una moción de interpelación primero para censurar después.
Pese a lo que dicta la Carta Magna, los acciopopulistas presentaron una cuestión de orden para que la Comisión de Constitución decida si primero se necesita una interpelación para luego censurar a Silva. Sin embargo, perdieron contra 69 votos.
“Acción Popular metido de cabeza el día que los acusan de estar coludidos con el ministro de Transportes. Se les vio el fustán, la blonda, todo, una cosa penosa”, criticó.
Mientras esto sucedía en el Hemiciclo, el presidente Castillo, mediante un tuit, informaba a la ciudadanía que aceptó la renuncia de Juan Silva al MTC. “Nuestro compromiso sigue vigente con el pueblo y necesitamos cumplir con los objetivos trazados por el Gobierno”, escribió.
En una edición extraordinaria del diario El Peruano, el Gobierno mediante una resolución suprema hizo oficial la salida de Silva Villegas.
“Lo han protegido hasta el último minuto, en el Congreso también, no solo en el Gobierno. ¿Qué tanto interés en protegerlo?”, cuestionó.
Como se recuerda, Castillo Terrones, durante una entrevista con el periodista de CNN Fernando del Rincón, mencionó la posibilidad de ofrecer a Bolivia una parte del territorio peruano para dale salida al mar vía referéndum.
Palacios explicó que el tipo penal señala que debe haber un acto; más no un dicho. Agregó que el dignatario se retractó.
De acuerdo al artículo 117 de la Constitución, el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, impedir las elecciones generales, por disolver el Congreso y por impedir la reunión de organismos del Estado.
De debatirse en el Pleno, la letrada expuso que solo se necesitan 66 votos para suspender al mandatario de sus funciones, según el artículo 114.
Al ser suspendido el presidente de su cargo —continuó— no es necesario convocar a elecciones generales; es decir, el Congreso de la República seguirá en funciones, mientras Castillo enfrenta un proceso penal ante la Corte Suprema.
“El Congreso se deshace de Castillo por un tiempo. Esta parece ser la jugada de los grupos de oposición del Congreso (…) Está claro que no hay 87 votos para vacar al presidente”, manifestó.