Denuncia contra Pedro Castillo podría acabar en suspensión o destitución

En medio de una accidentada sesión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República declaró procedente la denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo por infracción de los artículos 32, 54, 110 y 118 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución, y por el presunto delito de traición a la patria.

Personajes de oposición, entre ellos Lourdes Flores y Fernán Altuve-Febres, presentaron la denuncia por las declaraciones del mandatario cuando mencionó que “se le consultará al pueblo” al ser preguntado sobre la posibilidad de dar acceso al mar a Bolivia. Posteriormente, los legisladores Norma Yarrow (Avanza País) y José Cueto (Renovación Popular) hicieron suyos la denuncia.

En un intento de la bancada oficialista, Waldemar Cerrón planteó cuestión de orden señalando que se habían superado los plazos para votar el informe de calificación debido a que la fecha límite era el 25 de febrero, no obstante en esta sesión no se logró seguir con la sesión por falta de quórum. “Habiendo trascurrido el plazo máximo de 10 días. Creo que podría incurrir inclusive en un delito si nosotros continuamos con este proceso, toda vez que ya el plazo ha sobrepasado”, dijo el hermano del secretario general del partido del lápiz. La iniciativa no obtuvo los votos suficientes.

Esta posición fue refutada por los representantes de derecha, entre ellos Alejandro Cavero, de Avanza País. “Sobre el tema de los plazos, la garantía es que no se resuelva faltando los plazos. Si se puede un poco después o un poco antes, finalmente estamos cumpliendo, ahí habría que analizar con el secretario técnico”, comentó y posteriormente resaltó “el boicot” que hizo la agrupación perulibrista para “dejar sin quórum” la sesión del viernes.

Modificación de redacción en conclusión

Cavero sugirió que en la conclusión del informe de calificación, que hasta ese entonces era de cuatro puntos, no se separe los ítems de los ciudadanos de los congresistas, sino que se unan en solo dos puntos, diferenciándose por traición a la patria y por infracciones a la Constitución. Martha Moyano, de Fuerza Popular, se acopló a este pedido y se puso a votación.

Se registraron ocho votos a favor y otros ocho en contra. Por este hecho, la presidenta de la Subcomisión, Rosio Torres, uso su voto dirimente y permitió que se apruebe el informe de calificación. La posición fue respaldada por Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Wilson Soto de Acción Popular.

Perú Libre, Somos Perú, Juntos por el Perú y Jorge Flores de Acción Popular votaron en contra. Alfredo Pariona, de la bancada oficialista, anunció que posteriormente interpondrá una reconsideración a la votación.

Denuncia puede terminar en suspensión o destitución

César Delgado-Guembes, experto en derecho parlamentario, precisó en conversación con La República que la denuncia constitucional en mención deberá seguir un proceso parlamentario que durará al menos tres meses. Indicó también que el que los legisladores hayan hecho suya la denuncia logró “subsanar” el incumplimiento de requisitos que había si solo los ciudadanos eran los denunciantes, porque no eran afectados directos.

El especialista detalló que el informe aprobado ayer será derivado a la Comisión Permanente, este grupo normalmente no debate, pero si se permite el debate y luego se vota y aprueba, devuelven el informe a la Subcomisión y le da un plazo de 15 días hábiles como máximo para que inicie un proceso investigador.

Este plazo comienza a correr desde que la presidenta de la Subcomisión da cuenta de la decisión de la Comisión Permanente. El primer paso a dar es elegir a un delegado del caso, quien luego por escrito dará un informe de hechos y pertinencias de pruebas, para que los integrantes de la Subcomisión estén informados del caso. Posteriormente se agenda una sesión en la que participan las partes del caso, es decir, el denunciante y el denunciado.

En una próxima sesión, el congresista delegado deberá dar un informe final en el que recomienda o no la procedencia de la acusación constitucional. Si es respaldado por esta agrupación, se deriva a la Comisión Permanente. En esta instancia se debate y vota. Si también lo respaldan pasa al Pleno del Parlamento. Hasta este entonces las aprobaciones se dan con la mayoría absoluta de votos a favor, es decir, la mitad más uno de los que están habilitados y presentes.

Sin embargo, en el Pleno la situación cambia. En este último paso la denuncia se votará por separado las imputaciones y sin contar a los que votaron en la Comisión Permanente, que no necesariamente es la cantidad del número de integrantes, pueden ser menos los que hayan votado sobre el informe.

Sobre la acusación de traición a la patria, que es considerado como delito en ejercicio de funciones, se requiere de mayoría absoluta para ser aprobado el antejuicio político. La mayoría absoluta consiste en el número de votos superior a la mitad del número legal de congresistas sin contar a los miembros de la Comisión Permanente. Además, como indica el artículo 89 inciso i del Reglamento del Congreso, los parlamentarios pueden suspender al alto funcionario, en este caso el presidente Pedro Castillo, con la misma cantidad de votos.

Como consecuencia de esta medida, el Congreso deriva el caso a la Corte Suprema para que se inicie juicio por el delito acusado. Es decir, el Congreso no llega a sentencia, quien lo hace es el Poder Judicial.

Para aprobar la infracción constitucional se requiere del respaldo del 2/3 de congresistas hábiles en la sesión plenaria. Este caso sí es de juicio político, por lo que las sanciones, como estipula el mismo artículo en el tercer párrafo, los legisladores pueden suspender, inhabilitar o destituir al mandatario.

Delgado-Guembes reitera que este procedimiento no está relacionado con la vacancia, pero que la destitución o suspensión tienen el mismo fin que es retirar del cargo al alto funcionario. Aunque este proceso es más largo.

Trabajan en la vacancia

En la Junta de Portavoces, el caso Karelim López-Pedro Castillo se mencionó, pero, según dijo José Jerí, de Somos Perú, al canal del Congreso “ha primado que hay que ser respetuosos de los procedimientos”, en relación a que dichos aún no son corroborados.

Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, informó que en esta reunión entregó a cada portavoz de bancada un oficio con los 18 argumentos de la moción de vacancia que trabajan “para que puedan analizar”. Avanza País informó que elaboran otra iniciativa, por lo que no suscribirán la de Renovación Popular.