SAC posterga evaluar procedencia de la denuncia constitucional contra Pedro Castillo

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República decidió postergar la evaluación de la denuncia constitucional que se presentó en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, por una presunta traición a la patria luego de sus declaraciones sobre la posibilidad de ceder territorio marítimo a Bolivia.

En efecto, luego de que se iniciara la sesión, el grupo de trabajo no siguió con el desarrollo de la misma al no contar con el quórum reglamentario debido a que tres legisladores integrantes de la SAC pidieron licencia por estar en su semana de representación.

Esta acusación fue presentada a inicios de febrero por los ciudadanos Lourdes Flores Nano, Fernán Altuve-Febres, Ángel Delgado Silva, Hugo Guerra Arteaga, Francisco Tudela van Breugel-Douglas, y César Vignolo Gonzáles Del Valle.

El último lunes 23 de febrero la congresista de Avanza País Norma Yarrow envió un oficio dirigido a la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, donde hace suya la iniciativa contra el mandatario.

En la denuncia al mandatario se consideran las declaraciones que le brindó al periodista de la cadena CNN, Fernando del Rincón, quien le consultó sobre la posibilidad de dar acceso al mar a Bolivia. Frente a esto, Castillo Terrones manifestó que se le consultaría al pueblo al respecto.

“Le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste.(…) ¿Qué pasaría si los peruanos están de acuerdo? Yo me debo al pueblo, jamás haría algo que el pueblo no quiera”, declaró el presidente de la República en aquella entrevista.

Asimismo, en el documento aseguran que Pedro Castillo habría infringido los artículos 32, 54, 110 y 118 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución.

Chirinos presentó denuncia contra Pedro Castillo

El último jueves 24 de febrero, la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, presentó una nueva denuncia constitucional contra Castillo Terrones por la presunta infracción de varios artículos de la Constitución Política. El documento plantea que sea destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años.

La acusación se sustenta en las contradicciones en las que habría incurrido al declarar ante la Fiscalía en relación a las reuniones que mantuvo con los comandantes generales en retiro de las Fuerzas Armadas. Además, se mencionan las citas que habría sostenido el mandatario con Karelim López en Palacio de Gobierno y sus declaraciones sobre dar acceso al mar a Bolivia.