El Consejo Editorial de Hacer Perú resaltó el fortalecimiento de la gobernanza pública y el respeto por la institucionalidad democrática en el marco del deterioro del sector que fue construido—según sostienen— con esfuerzo en décadas previas (anteriores gobiernos).
“Nuestro mensaje fue claro: a pesar de cambios macroeconómicos positivos producidos en el Perú a partir de los años 90, no estamos construyendo las bases productivas e institucionales necesarias para nuestro desarrollo (….) En muy breve tiempo se vienen debilitando sistemáticamente las planas profesionales de distintos ministerios y entidades públicas. A esto se suma la reversión de reformas vitales en transporte, educación superior, servicio civil, entre otras áreas”, indicó la organización.
Además, manifestaron su preocupación por el nombramiento de funcionarios en base a “una visión patrimonialista del Estado que prioriza el beneficio propio antes que las necesidades del país”.
“Si bien los recientes casos de los Ministerios de Salud y Transporte son quizás los más dramáticos, estos no son casos aislados sino parte de un patrón que debilita al Estado y reduce su efectividad (la lista es larga: PCM, MEM, MINJUS, MIDIS, MINAM, etc.)”.
“Es inconcebible que un gobierno, que en teoría tiene como principal objetivo el cambiar las cosas en beneficio de los peruanos más vulnerables, se dedique en cambio a socavar la principal arma para reducir las brechas sociales: el aparato público”, añadieron.
La organización indicó que el Ejecutivo es el principal responsable de este ataque contra la burocracia y del deterioro de las capacidades públicas, tarea que debe ser compartida por el Congreso que, “por un lado, se suma a las contrarreformas, y por otro lado, evita fiscalizar a ministros incapacitados para ejercer el cargo; cuando los intereses poco transparentes de múltiples bancadas han coincidido con aquellos de los grupos cercanos al gobierno, la competencia política se ha visto desplazada por la complicidad contrarreformista”.
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Por otro lado, la entidad cuestiona el gabinete presidido por Aníbal Torres y considera que es “carente de competencias y con múltiples cuestionamientos éticos”, situación que origina que la “estabilidad económica” sea insuficiente “si al mismo tiempo se destruye el resto del aparato público y se abusa del Estado con impunidad”.
“Consideramos que es nuestra responsabilidad contribuir a la defensa de lo poco que se ha logrado en desarrollar un Estado con una burocracia capaz y profesional para poder algún día construir sobre lo avanzado”, destacan, a la vez que promueven “una crítica constructiva que contribuya a la fiscalización por parte de distintos actores, incluyendo el Congreso y la prensa, pero en especial por parte de la sociedad civil”.