El caso de un supuesto beneficio por parte del exgobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, y otros exfuncionarios a favor de las empresas Odebrecht y Graña y Montero (hoy Aenza) en el proyecto Chavimochic etapa III, ha sido archivado provisionalmente por la fiscal Geovanna Mori Gómez, del segundo despacho del equipo especial Lava Jato.
Según pudo conocer La República, la decisión de la fiscal obedece a que hay “falta de elementos de convicción que permitan determinar la realidad del delito y la vinculación de los investigados a este”.
En otras palabras, que no se han logrado recabar los elementos suficientes que permitan identificar la comisión de delitos con los implicados, no obstante, la fiscal Mori aclara que esta investigación puede reabrirse siempre y cuando haya nuevas pruebas aportadas desde la Contraloría General de la República y el acuerdo de colaboración eficaz aprobado con Odebrecht y exejecutivos de esta constructora brasileña en 2019.
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El archivo temporal del caso deja fuera de sospechas, por el momento, a 15 personas: César Acuña Peralta, el excongresista Luis Valdéz Farías, José Murgia Zannier, Huber Vergara Díaz, Amilcare Gaita Zanatti, Francisco García Calderón Portugal, Gonzalo Ruiz Díaz, Luis Pita Chávez, Eduardo Negrete Aliaga, Paola Luque Sierra, María Tello Gonzáles, Carlos Puga Pomareda, Edilberto Ñique Alarcón, Eduardo Heredia García y Miguel Chávez Castro.
Todos en su mayoría exfuncionarios de La Libertad y exintegrantes del Comité de contratación de consultorías y Proinversión.
La fiscal Mori Gómez señala en su decisión del último viernes 21 de enero que si bien se tuvo la pista de la programación de pagos ilícitos de Odebrecht consignados por el proyecto Chavimochic por US$421.052 con el codinome ‘Radox’, y de US$26.315 con el codinome ‘Escopión’, el colaborador brasileño Ricardo Boleira dio “informacion imprecisa”.
Tras ello, la Fiscalía solo pudo identificar que ‘Radox’ denominaba a Carlos Arellana Barragán, un consultor contratado para el proyecto Chavimochic. De allí que la fiscal Mori indique que “no se ha establecido técnicamente si en el servicio de consultoría o el concurso se favoreció al consorcio Río Santa Chavimochic [integrado por Odebrecht y Graña y Montero]”.
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Otro punto que inclinó la balanza a favor de los investigados es que, según Mori, no existía un informe de auditoría sobre el proyecto por parte de la Contraloría General de la República, pese a que ella misma solicitó a la entidad que hiciera ello desde diciembre del 2020.
De esta manera, Mori concluyó que no hay por el momento un soporte técnico “que sea el punto de partida para delimitar el objeto de investigación de la presente”, que inició a raíz de una denuncia de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato.
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En líneas generales, no hay sustento técnico ni una “delación (confesión) concreta” de Odebrecht sobre el proyecto por lo que la investigación no puede continuar. De allí la importancia que da la fiscal Mori a una versión de la empresa para esclarecer responsabilidades y a las auditorías de Contraloría.
La investigación comenzó en julio de 2019 y tenía como primeros indicios un supuesto beneficio en la concesión del proyecto Chavimochic (obras hidráulicas) a Odebrecht y Graña y Montero en 2015, irregularidades en la contratación de consultorías, el retraso de la entrega de terrenos en el gobierno regional y una ampliación de plazo “injustificado” de cierre financiero.
Se indagaron los presuntos delitos de colusión, cohecho pasivo, negociación incompatible y usurpación de funciones. Al líder del partido Alianza para el Progreso, César Acuña, se le imputó haber participado en la suscripción de una adenda N°1 en mayo de 2015 en la que se amplió el plazo de cierre financiero por 6 meses más a favor de la concesionaria.
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Si bien el caso tenía plazo para investigar hasta el 16 de diciembre de 2022, con el archivo todos quedan excluidos del caso hasta que se encuentren nuevos indicios y pueda reabrirse.