Acoso político, una forma de violencia que atenta contra la democracia

María del Carmen Alva y Dina Boluarte: dos mujeres que ostentan los cargos políticos más altos de este periodo como presidenta del Congreso y vicepresidenta de la República, respectivamente. Pese a que se encuentran arriba en la escala de poderes, el acoso y la misoginia siguen presentes en la vida de aquellas mujeres que deciden incursionar en el mundo de la política.

Esta serie de hostigamientos, sufridos mayormente por las mujeres, pueden darse en diferentes circunstancias y de varias maneras, pero cada caso converge en un mismo objetivo: minimizarlas. En diálogo con La República, la excongresista Rocío Silva Santisteban afirmó que se trata de “callar la voz de las mujeres que están haciendo denuncias o que están planteando temas controversiales en el ámbito de la política pública”.

Asimismo, sostuvo que el acoso político es parte de una estrategia autoritaria y que va en contra de los valores democráticos que se promueven en el país.

“Se basa en la idea de que las mujeres somos subalternas en el ámbito democrático y que nuestra participación no es calificada”, señaló.

En abril de este año se promulgó la Ley 31155, que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política. Así, la iniciativa por parte del Gobierno de Francisco Sagasti busca visibilizar una problemática que aqueja a candidatas políticas, militantes de partidos, funcionarias y autoridades a nivel nacional para evitar la violencia en cualquiera de sus formas.

De esta manera, se busca establecer mecanismos de atención, prevención, erradicación y sanción de este tipo de actos para garantizar el ejercicio de sus derechos políticos y que su participación pueda darse en igualdad de condiciones.

El acoso político es una nueva forma de violencia que se ha evidenciado en los últimos tiempos. Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el 52% de las candidatas mujeres que postularon en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 precisó haber enfrentado situaciones de acoso político y otro 30% afirmó haber enfrentado agresiones, amenazas y hostigamiento.

Más allá de los atentados contra las mujeres políticas, es grave, además, que no son vistas como posibles representantes, lo cual se puede corroborar tan solo al revisar la cantidad de gobernadoras regionales o parlamentarias. Aunque durante este periodo existe una mayor cantidad de legisladoras que lograron una curul respecto a periodos anteriores, según la Defensoría del Pueblo, hubo 28 legisladoras en 2011-2016, 36 de 2016-2021 y 48 en el actual periodo de 2021-2026-, la representatividad de este grupo sigue siendo mínima.

El acoso político: ¿qué es y qué establece la ley?

El acoso político, de acuerdo con la Ley 31155, se establece como “cualquier conducta que se ejerce contra una o varias mujeres por su condición de tal, realizada por persona natural o jurídica en forma individual o grupal, de manera directa o a través de terceros, haciendo uso de cualquier medio de comunicación o redes sociales y que tenga por objeto menoscabar, discriminar, anular, impedir, limitar, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos”.

De esta manera, lo que busca es lograr el normal y equitativo desarrollo de la actividad política tanto de hombres como de mujeres, siendo este último grupo el más afectado.

Las manifestaciones de acoso que se establecen son:

Asimismo, como una disposición complementaria a la ley que previene y sanciona el acoso político, se incorporó el artículo 394 a la Ley 26859, la Ley Orgánica de Elecciones. Este establece una multa no menor de una UIT ni mayor de 50 a quien “perturba, hostiliza, impide, limita, anula u obstaculiza el ejercicio del derecho de participación política o la realización de actividades de carácter político del afiliado o directivo de una organización política o como integrante de organizaciones sociales con fines políticos o de representación, así como en su condición de autoridad elegida mediante elección popular o en cargos de designación política en los tres niveles de gobierno”.

Silva Santisteban formaba parte del Congreso de la República cuando el dictamen pasó por votación y afirmó haber votado a favor; sin embargo, detalló que un tema relevante que debería ser incluido son las sanciones penales.

“A diferencia de lo que plantea la ley, yo pienso que el acoso político debe tener una sanción penal también porque, en tanto que no la tenga, se puede seguir realizando (...). Mientras no haya una sanción penal, me parece a mí que no va a funcionar”, sugirió.

¿Cuánto en realidad ha avanzado la ley contra el acoso político?

La exparlamentaria por Frente Amplio afirmó que la Ley 31155 no ha logrado combatir esta problemática debido al poco tiempo que ha pasado desde que entró en funcionamiento. Además, mencionó que uno de los temas fundamentales a tener en cuenta respecto a este tipo de violencia es la prevención.

“El tema más usual es cuando las mujeres que son, por ejemplo, consejeras regionales o miembros de municipalidades de provincia o de distrito denuncian al alcalde o teniente alcalde y usualmente la respuesta de los denunciados es el acoso político, es decir, que son malas madres, que le han sacado la vuelta al marido, cualquier cosa con tal de descalificarlas (...). Eso no se está evitando”, enfatizó.

Por ello, hizo un llamado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la ONPE a “tomar el toro por las astas”.

“Lo que se debe hacer son monitoreos para ver si los partidos han invertido efectivamente en promocionar a las mujeres dentro de la política interna del partido y, si no es así, que les caiga multa”, señaló.

Una forma de manifestar la violencia política hacia la mujer es el acoso político y el país no se ha concentrado en aplicar medidas más estrictas para combatirla. Solo queda esperar que el Gobierno de Pedro Castillo busque darle una mayor visibilidad para por fin combatir una problemática que atenta también contra la democracia de la nación.