Carlos Ayala: “El objetivo es lograr tener el mejor Tribunal Constitucional que el Perú se merece”

Desde Washington DC, el reconocido jurista internacional Carlos Ayala Corao explica en las siguientes líneas la función que cumplirá el Panel Independiente para la Elección de Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional (TC) presentado esta semana, en representación de la sociedad civil nacional e internacional.

¿Cuál es la naturaleza de este panel independiente de expertos internacionales?

El panel nace de la sociedad civil peruana e internacional. Tiene antecedentes en otras experiencias de observación en América Latina, en procesos de selección de jueces y juezas de tribunales constitucionales y de cortes supremas de justicia. No es una entidad oficial. Quien tiene la responsabilidad constitucional de la elección es el Congreso. Nosotros vamos a observar libremente, en la búsqueda del cumplimiento del objetivo que es seleccionar a quienes tengan las mejores calificaciones y garantías de honestidad e independencia. El objetivo es tener el mejor Tribunal Constitucional que el Perú se merece.

¿Quiénes son los cinco juristas que integran este panel?

Está Eduardo Rodríguez, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia y además le tocó por orden de sucesión ser presidente de Bolivia. Luego está Daniela Salazar, actual vicepresidenta de la Corte Constitucional de Ecuador. Está María Francisca Zapata, una jueza de carrera por más de veinte años en Chile. Está Eduardo Bertoni, exrelator para la libertad de expresión para las Américas en la OEA. Y, en mi caso, fui presidente de la CIDH y ahora soy vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra.

¿Qué resultados han tenido en intervenciones similares realizadas en otros países?

El caso de Ecuador fue exitoso. Con una participación numerosa de candidatos y con un desarrollo de todo tipo de exámenes, resultó electa una Corte Suprema de Justicia en el 2005, para cuya juramentación concurrieron representantes de Naciones Unidas y de la OEA. En Guatemala era una elección mucho más compleja, porque eran elegidos por el colegio de abogados y desde la judicatura suprema. Hicimos observaciones que ayudaron a mejorar el proceso. Y en el sistema interamericano, en general, hemos contribuido a que los estados puedan decidir. Aunque nuestras evaluaciones no son vinculantes, ayudan a tomar decisiones fundadas y tienen una fuerza de autoridad moral.

¿En Ecuador o Guatemala hubo resistencia desde los actores políticos?

En el caso de Ecuador, no solamente no hubo resistencia, sino que el Congreso modificó la ley para incluir expresamente a los observadores de Naciones Unidas y del sistema interamericano. En el caso de Guatemala, el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial estuvieron de acuerdo en que prestáramos ese apoyo como una búsqueda de excelencia y transparencia en el proceso. En el caso interamericano, cada vez que hacemos nuestros informes, la mayoría de los estados y la sociedad civil agradecen la labor.

¿Cuáles serán los momentos más importantes de esta intervención?

Será en función de estos tres ejes: la transparencia del procedimiento; la participación ciudadana y la evaluación objetiva de las candidaturas. Es decir, una evaluación que tenga que ver con las credenciales, el conocimiento, la idoneidad e integridad moral. En esto hay que evitar también lo que se llama la persecución de brujas, es decir, descalificar por descalificar a cualquier persona. Muchos juristas connotados se abstienen de participar para evitar someterse al desagrado de ser maltratados. Eso debe evitarse.

¿El panel también evaluará a los candidatos en la etapa de entrevistas?

Sí. En la medida en que se vaya afinando el proceso, queremos no solamente ver las credenciales, sino estamos afinando nuestro método de trabajo para acordar un cuestionario básico que podamos enviarles a los candidatos y ellos voluntariamente colaboren y respondan. Y en caso de que haya una lista más acotada, además del cuestionario, nos gustaría tener una entrevista con cada uno para permitir formarnos una opinión más completa.

Y si los candidatos no aceptan, ¿ustedes van a acompañar las entrevistas, que serán públicas, para calificarlos?

Sí, de todos modos. Vamos a tener acceso a las credenciales y currículos, y vamos a acceder a las entrevistas. Todo esto es un ejercicio de validación con la sociedad civil. Los candidatos no están obligados, pero en aras de la participación ciudadana y de darle mayor transparencia, en nuestras experiencias de otros países, la inmensa mayoría de candidatas y candidatos ha accedido voluntariamente a las entrevistas con el panel.

¿Qué organizaciones internacionales respaldan esta iniciativa?

Fundamentalmente está la Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra (Suiza), que es una organización que tiene setenta años de existencia. Tiene presencia en los cinco continentes. La integran grandes juristas, expresidentes de tribunales constitucionales. Está la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), que apoya activamente esta iniciativa. Y está también el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que tiene miembros peruanos, entre ellos Domingo García Belaunde y Ernesto Blume. Es una organización académica.

¿Y qué mecanismos han adoptado para garantizar la independencia en su trabajo y las decisiones?

Somos un panel independiente, que no tiene que rendirle cuentas a nadie, sino solo a la comunidad nacional e internacional. Nuestro método de trabajo lo definimos nosotros. No actuamos por representación de nadie. No aceptamos interferencias, ni siquiera de las organizaciones que están apoyando el funcionamiento del panel. Ese es el perfil.

A la luz de las experiencias de Ecuador y Guatemala, esta intervención en Perú puede terminar fortaleciendo la elección para el TC, ¿verdad?

Absolutamente. Y ayudan a los electores, a los congresistas de buena voluntad, a que sepan que pueden hacer bien las cosas. Al hacer bien las cosas, serán apoyados por la opinión pública internacional. Y para eso está este panel independiente. También esto ayuda a darles una mayor legitimidad de origen a los tribunales. Cuando hay un informe positivo de un panel internacional, hay una mayor legitimidad.

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