Ponen a disposición de la ciudadanía expedientes de los 78 postulantes al Tribunal Constitucional

Ruth Luque, congresista de Juntos por el Perú, hizo de conocimiento público, a través de su cuenta de Twitter, las carpetas de inscripción de los 78 abogados postulantes al cargo de magistrados del Tribunal Constitucional (TC), proceso que se encuentra en manos de una comisión especial del Congreso de la República. La presidenta de este grupo de trabajo es la legisladora oficialista José María Balcázar.

“La elección del Tribunal Constitucional es un asunto crucial de nuestra democracia, por ello, ponemos a disposición de la ciudadanía los expedientes de los 78 postulantes”, expresó la integrante de la comisión encargada de la elección de los magistrados del TC.

Según lo informado por Ruth Luque, se adoptó esta decisión para que la población pueda tomar conocimiento sobre quienes son los profesionales interesados en asumir el cargo de magistrados del Tribunal Constitucional.

El pasado 25 de octubre se cumplió el plazo para que los postulantes entregaran sus carpetas con los documentos correspondientes. El trabajo de revisión de los expedientes viene siendo realizado por la comisión presidida por José María Balcázar, de Perú Libre. En un inicio se estableció como fecha límite el 2 de noviembre, pero se extendió por 14 días más hasta el martes 16.

Finalmente, el próximo miércoles 17 de noviembre se publicará la lista de postulantes a magistrados del Tribunal Constitucional que cumplen con los requisitos de inscripción establecidos en el cronograma de la comisión especial del Congreso. La fecha final del proceso se ha pospuesto para el martes 22 de marzo de 2022, en reemplazo de la anterior que estaba programada para el 1 de marzo.

¿Cuáles son los requisitos para ser magistrado del TC?

Entre los requisitos para asumir el cargo se establece que es obligatorio ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, mayor de 45 años, y haber sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República o fiscal supremo, o magistrado superior o fiscal superior durante 10 años, o, en su defecto, haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años.

También se ha establecido que los postulantes no pueden ser objeto de investigación preparatoria ni tener condena penal por delito doloso. Además, dentro del perfil se requiere que posean una trayectoria profesional reconocida, solvencia e idoneidad moral, y una probada trayectoria democrática de respeto y defensa del orden constitucional.