La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, hizo un llamado al Congreso de la República a “escuchar la voz del pueblo” y detener los enfrentamientos entre estos dos poderes del Estado. Aseguró que es un clamor ciudadano tener a un Poder Ejecutivo y un Parlamento que garanticen la estabilidad del país y dejen de lado los enfrentamientos.
“La estabilidad del país, el fin de los enfrentamientos, es un clamor de la ciudadanía. Estoy segura que las bancadas del Congreso escucharán la voz del pueblo. Es hora de trabajar unidos”, escribió en su cuenta de Twitter.
El mensaje de Dina Boluarte fue enviado durante el receso del debate en el Pleno del Congreso para definir el respaldo al gabinete de Mirtha Vásquez. La titular de la PCM se presentó al Parlamento y estuvo presente durante el debate de la representación nacional. No obstante, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva, suspendió la sesión hasta las 4.00 p. m. de este jueves 4 de noviembre.
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Hasta el momento, se han manifestado las posiciones a favor y en contra por parte de las diferentes bancadas sobre los designados como titulares de las carteras, quienes también han hecho énfasis en comentar los primeros 100 días de gestión del presidente Pedro Castillo.
El pasado miércoles 24 de octubre, la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, fue incorporada en la investigación por presunto lavado de activos, que sirvió para supuestamente financiar las campañas electorales del 2020 y 2021 del partido político Perú Libre, luego de que el fiscal Richard Rojas encontrara evidencias y testimonios que la involucran en el caso.
A esta indagación también se suma el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Braulio Grajeda, quien aparentemente estaría comprometido en la recaudación del dinero ilícito. Las nuevas evidencias señalan que ambos funcionarios del actual gobierno abrieron una cuenta mancomunada en el Banco de Crédito del Perú (BCP), donde se recolectaban los aportes de trabajadores del Gobierno Regional (GORE) de Junín. Los empleados que estaban en la modalidad de contratación administrativa de servicios (CAS) tenían la obligación depositar S/ 100 mensuales.