Las congresistas que representan a la provincia constitucional del Callao, Patricia Chirinos, de Avanza País, y Noelia Herrera, de Renovación Popular, fueron las que solicitaron al Ejecutivo que las Fuerzas Armadas respaldaran a la Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad en el primer puerto.
Según el texto de la resolución suprema n.° 191-2021-IN, que autoriza la intervención de las FFAA en apoyo a la PNP con la finalidad de “asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, así como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales” en Lima y Callao, la norma se fundamenta en informe de la Oficina de Planeamiento Operativo Institucional (OFIPOL) de la Policía.
Dicho documento recomienda la expedición de una norma que permita la intervención de los institutos castrenses, debido a que, “en lo que va del año, se advierte un incremento significativo del índice delictivo (en Lima y Callao), en las que operan organizaciones delictivas dedicadas, ente otros, al tráfico ilícito de drogas en sus distintas modalidades, tenencia ilegal de armas, robos, hurtos y demás delitos que ponen en peligro la integridad física de la ciudadanía y que han logrado sobrepasar la capacidad operativa de la PNP”.
Chirinos y Herrera reconocieron en sus respectivas cuentas de Twitter que entregaron al ministro del Interior, Luis Barranzuela, la intervención de las FFAA en respaldo a la PNP, pero solo para el Callao.
Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que las legisladoras Patricia Chirinos y Noelia Herrera promovieron la norma, basándose en cifras que indicaban que el crimen organizado, especialmente en el Callao, registraba un importante aumento.
Sin embargo, la resolución suprema n.° 191-2021-IN es criticada por diferentes sectores, los que coinciden en que a los institutos castrenses no les corresponde las labores de la seguridad ciudadana. En esta línea, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos demandó al Ejecutivo la derogatoria de la resolución suprema porque es satisfacer una demanda antidemocrática de del espectro político conservador. “No se responde a la violencia con más violencia. Ninguna razón de estado la puede justificar”, expresó la CNDDHH.
Mientras, el director para América de Human Richt Watch (HRW), José Miguel Vivanco, recordó que “los soldados están entrenados para la guerra, no para el control del orden público”.
Otra reconocida organización, Amnistía Internacional, también manifestó su preocupación “por la resolución que autoriza la intervención de las FFAA en apoyo de la PNP”.
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La exministra de Defensa durante el gobierno de Francisco Sagasti Nuria Esparch resaltó que “el uso de las FFAA solo puede ser para garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus libertades y derechos, y no para atentar contra las garantías constitucionales”.
Y añadió: “Por ello, es fundamental delimitar con claridad el apoyo requerido”, algo que no se precisa en la resolución suprema 191-2021-IN.
Esparch recordó que la Policía Nacional cuenta con 120 mil efectivas, en tanto que los institutos castrenses tienen 90 mil uniformados.
De acuerdo con cifras policiales publicadas por La República el 18 de octubre de este año, en 2020 se cometieron 447 homicidios, de los cuales el 31% fue por sicariato. Y en el Callao se produjeron 127 crímenes, el 45% consumado por sicarios.
Estas cifras explicarían por qué el Ejecutivo decidió la intervención de las FFAA para respaldar las operaciones de la policía contra la criminalidad.
La norma cita la existencia de ningún sobre seguridad ciudadana en Lima y Callao, ni tampoco precisa el tiempo que durará la cooperación militar con la Policía Nacional.
“Nuestro personal militar ha recibido instrucción en temas de derechos humanos en el Centro del Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas (CDIH-DDHH) institución perteneciente al Ministerio de Defensa”, señaló en un comunicado el Mindef.
El director del CDIH-DDHH, coronel EP Erik Asencios Freyre, según el comunicado, señaló que ha entrenado en especial a oficiales subalternos (capitanes, tenientes y subtenientes) y a técnicos, suboficiales y oficiales de mar, en materia de derechos humanos.
Por Luciano López, constitucionalista
Se supone que quienes están entrenados para los asuntos internos son los efectivos de la PNP, razón por la cual la Constitución establece que solamente en situaciones de estado de excepción, emergencia o de sitio, recién se puede autorizar a las FFAA. Estas actúan de una manera excepcional en delitos muy concretos como terrorismo y narcotráfico.
Aquí hay algo grave porque la competencia para poder decretar una medida tan extrema como esta, según la Constitución, es una decisión que la puede tomar el Consejo de Ministros, y eso no ha sucedido.
Por Mariano González, exministro de Defensa
En esencia, esto debería responder necesariamente a toda una estrategia y con un planeamiento. No podría ser un hecho aislado. Es decir, no es simplemente una iniciativa de buena voluntad. Tengo la confianza en que el Gobierno ha diseñado una buena estrategia, si no es así, no se lograría absolutamente nada.
En ese sentido, creo que el orden interno es una tarea de función exclusiva de la Policía Nacional. Sin embargo, las Fuerzas Armadas podrían dar un importante apoyo en la cobertura en las operaciones policiales. La idea no es mala.