Ministerio Público denegó pedido de esposa de Abimael Guzmán para que se le entreguen sus restos

Los restos del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, no serán entregados a su esposa, Elena Iparraguirre, luego que esta presentara dicha solicitud ante el Ministerio Público. Así lo comunicó la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao en las plataformas de la institución.

El último 11 de septiembre, horas después de la muerte del senderista, el defensor de la terrorista Elena Iparraguirre, Alfredo Crespo, presentó el recurso para solicitar el cuerpo de Abimael Guzmán bajo el argumento de la presunta vulneración a la integridad personal y libertad religiosa, así como su derecho para enterrar a su familiar “conforme a sus creencias”.

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Como respuesta, la Corte Superior de Justicia del Callao hizo el respectivo descargo y detalló que no existían los fundamentos necesarios que demuestren una vulneración a la integridad personal ni a la libertad religiosa de Elena Iparraguirre.

En ese sentido, en diálogo con La República, el ex procurador anticorrupción César Azabache refirió que la Fiscalía debía tener derecho a pedirle a un juez que, en estas condiciones, “excluya a la señora Iparraguirre de cualquier ejercicio de derechos establecido en relaciones distintas a los matrimonios desarrollados por relaciones afectivas, no por consideraciones políticas que pueda ser instrumentalizado a favor de una memoria, que no es personal, sino que está vinculada a la preservación de la ideología de un líder terrorista”.

Dicho argumento habría sido el esgrimido por el fiscal a cargo, Vladimir Farfán Kahuarucho, quien ponderó el orden público y el interés social al momento de tomar la decisión sobre el caso.

Tras esta resolución, el Ministerio Público precisó que el cadáver quedará bajo su custodia mientras continúen las investigaciones fiscales.

¿Dónde terminará el cuerpo de Abimael Guzmán?

Congresistas oficialistas y de la oposición, así como familiares de víctimas de Sendero Luminoso, han sugerido que sus restos sean incinerados y desaparecidos.

No obstante, prevalece una discusión sobre qué poder del Estado debería tener la palabra final al respecto. Mientras el Ejecutivo señala que el Ministerio Público debería definir el asunto, desde la Fiscalía y el Congreso, algunas voces piden que el Gobierno establezca el procedimiento a través de un decreto supremo.